El titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), Fabián Jaramillo, aclaró que se solicitarán las direcciones IP (protocolo de Internet) solo cuando se realice una investigación judicial. “Se tiene claro el derecho a la privacidad que tienen todos los usuarios de Internet y de ninguna manera podemos vulnerarlo”, señaló.

Informó que el lunes pasado se emitió la resolución en la cual se regula la forma que se solicitará la información de los protocolos IP y esto solo se lo hará cuando sean investigaciones de carácter penal.

Jaramillo explicó que el único objetivo es contar con información que permita tanto al ente de control, en materia de Telecomunicaciones, como a las autoridades competentes, en materia de delitos informáticos, acceder a insumos que faciliten las investigaciones y evitar el cometimiento de delitos, como pornografía infantil, fraudes financieros, estafas electrónicas, entre  otros, ejecutados sobre las redes electrónicas o mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La dirección IP es un identificador numérico de un equipo conectado a la red, dicha dirección permite conocer la localización geográfica de un determinado dispositivo (computador, teléfono, etc.), pero no informa precisamente la persona que usa  el dispositivo.

“Para que entiendan quienes están tratando de alarmar y crear rumores y temores en la ciudadanía, bajo el protocolo actual de Internet, donde el recurso de direccionamiento es escaso, se aplican técnicas de asignación dinámica de este recurso por parte de los prestadores de servicios, en tal sentido varios usuarios compartimos la misma dirección en diferentes intervalos de tiempo y se nos asigna una dirección IP distinta cada vez que nos conectamos a la red, con lo que el carácter de único y personal de una dirección no puede ser aplicado”, aseguró Jaramillo.

El funcionario reprochó “los falsos rumores que se han generado y publicado por varios medios, los que, de forma mentirosa y arbitraria, confunden a la ciudadanía señalando que el Gobierno quiere hacer uso inadecuado de la información de los ciudadanos”.