Para este lunes 7 de enero está previsto que representantes del sector del transporte pesado se reúnan con las autoridades para tratar la eliminación del subsidio al diésel y proponer un mecanismo de compensación.

El viernes, en un comunicado, el Gobierno ratificó que “no se incrementará el costo del diésel en cualquier tipo de transporte de pasajeros, carga y escolar; su precio oficial se mantendrá en $ 1,037. En los próximos días se emitirá la aclaratoria respectiva al Decreto Ejecutivo 619”.

Por lo que no se debería ver afectado el precio del pasaje de la transportación pública ni de los productos de primera necesidad, aclaró el Ejecutivo.

El Decreto 619 establece que el precio del diésel se determinará de acuerdo al precio promedio ponderado, más los costos de transporte, almacenamiento y comercialización de dicho combustible.

La medida entraría en vigencia una vez que se hayan acordado los mecanismos de compensación con los sectores que así lo requieran, como el transporte de carga pesada.

En el primer diálogo, el Gobierno propuso compensar a los transportistas que tengan los permisos de operación a través de una tarjeta prepago, emitida por el Banco del Pacífico, al igual que se acordó con los taxistas.

Sin embargo, el cupo para este sector no se definió y los transportistas no aceptaron esta metodología de compensación.
Por lo pronto la preocupación continúa en el sector de transporte pesado. Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), manifestó días atrás que el decreto no aclara cómo se implementarían los cupos de compensación para los transportistas que tengan permisos de operaciones.

“Estamos preocupados porque movilizamos todos los productos de la industria, el comercio, importaciones, productos de primera necesidad; es decir, productos que mueven la economía. Eso tiene un impacto sobre todos los sectores de la sociedad, incluidos los más vulnerables”, expresó Vizcaíno.

A criterio de Edmundo Gutiérrez, gerente general de Transsos, empresa ecuatoriana que presta servicios de transporte, el incremento en los costos operacionales en su caso sería el 27%, porcentaje que su compañía no lo podría asumir.
Transsos no está afiliada a ninguna asociación y no accedería a la compensación. La compañía transporta alimentos, productos de exportación y repuestos.

Gutiérrez considera que para amortiguar este incremento el Gobierno Nacional podría permitir a los transportistas recuperar el IVA, dar extensiones al pago del Impuesto a la Renta por un tiempo o que importen sin aranceles las unidades, llantas y repuestos.

En la actualidad un flete Quito-Guayaquil cuesta desde $ 300 hasta $ 1.100, depende del tipo de camión y de la carga, si es refrigerada o seca, y del peso.

Byron Estrada, gerente de la compañía de transporte pesado Estrada Express, maniufestó que gasta en diésel $ 80 en un viaje Quito-Guayaquil. Con el incremento podría pagar hasta $ 180. Esto haría que el rubro de viáticos del chofer aumente de $ 120 a $ 220.

Estrada considera que no es una buena opción subir el costo del flete al cliente porque no lo pagarían. Lo más probable es que busquen otras compañías que no les darán mucha seguridad.

Aunque podría acceder a la compensación que propone el Gobierno, Estrada no está de acuerdo, pues no confía que funcione.
Aclaró que entiende que se debe subir el precio del diésel, pero que sea una cantidad razonable para que tanto las empresas como los clientes puedan manejarlo.

Estrada Express transporta publicidad, confitería, telas, arroz, productos agrícolas y juguetes.

De acuerdo con Vizcaíno, un camión que recorre aproximadamente de 12.000 a 13.000 kilómetros mensualmente, con un promedio de siete kilómetros cargado vacío, tiene un consumo mensual de 2.000 galones de diésel. El camión que menos consume, que es de cinco toneladas, estaría en el orden de unos 800 galones al mes.

Considera que si no se estructura bien el decreto podría haber un efecto inflacionario en lo que se transporta.

René Ortiz, exsecretario general de la OPEP, considera que los combustibles no deben seguir subsidiados de manera generalizada.

No está de acuerdo con el pago de compensaciones a ciertos sectores del transporte porque no debería haber privilegios para nadie. Por lo que rechaza la actitud de los transportistas de querer protestar.

A criterio del también consultor internacional en energía e inversiones, si el Gobierno quiere favorecer o subsidiar a una parte de la población cree que debe hacerlo directamente al consumidor.

Para esto considera que se debe focalizar el subsidio, por ejemplo, dar este beneficio a los transportistas de leche para que este producto no aumente el valor.

“Este es el momento de ir puliendo la data para segmentar el mercado y focalizar la ayuda social del Gobierno. Es el momento de eliminar estas generalizaciones en las que innecesariamente muchos ciudadanos y muchas corporaciones tienen el subsidio que no merecen”, comentó Ortiz. (I)