La Remuneración por Compensación de Derechos de Autor, cuyo reglamento se encuentra en proceso de elaboración, aún genera debate porque es considerado un impuesto aplicado a los artefactos electrónicos, específicamente a aquellos capaces de reproducir y almacenar música, imágenes y obras literarias.

La preocupación se ha centrado en los representantes de las empresas de telecomunicaciones, quienes aseguran que este valor adicional en la importación incrementará el precio final de los teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, CD, DVD, memorias externas, entre otros.

Santiago Cevallos, director nacional de Derecho de Autor, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), aclaró que no se trata de un tributo, pues no será recaudado ni utilizado por el Estado. Explicó que se trata de un fondo económico dirigido a los creadores ecuatorianos.

La disposición no es nueva. Está estipulada en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) expedida en 1998, por lo que no toma por sorpresa a nadie. “Lo que haremos ahora es regularizarla”, señaló.
En noviembre, el IEPI definió un pago adicional del 4% en equipos reproductores de videogramas y fotogramas, y de 10% a los de soporte, es decir, almacenaje. Sin embargo, resta seleccionar las subpartidas de los aparatos, cuyas importaciones alimentarán el fondo económico.

Para Roberto Aspiazu, titular de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, se trata de una resolución “traída de los cabellos”, pues por un lado se da por hecho que las personas usarán su equipo para hacer copias de obras nacionales y por otro, se generarían montos desproporcionados.

Refirió que en Paraguay, una norma similar fue desestimada por la Corte Constitucional porque violaba el derecho a la presunción de inocencia. “Obviamente pensamos que esto no debería aplicarse”, sostuvo.

Según datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), solo en el mes de octubre se importaron tabletas y teléfonos inteligentes por más de $ 25 millones.

Aspiazu calculó, grosso modo, que el cobro de estos porcentajes al importador arrojarían alrededor de 70 millones de dólares al año, lo que, a su criterio, es excesivo.

Cevallos, por su parte, mencionó que un estudio hecho por la Universidad Católica de Guayaquil determinó que solo uno de estos dispositivos generaba $ 7 millones. “¿Cuánto podría costar la industria artística local?”, se preguntó Aspiazu.

Cevallos expresó que, de acuerdo a un estudio elaborado por el Ministerio de Cultura, el sector artístico ecuatoriano aporta el 1,68% al Producto Interno Bruto (PIB) del país, más que la producción de azúcar, que es del 1,2%.

El sector artístico recaudó el año pasado por Derechos de Autor un total de $ 3´918.065.

Reglamentación
La revisión a la que es sometida la ley permitirá establecer cuáles son los equipos cuya importación deberá asumir el porcentaje adicional.

Inicialmente, indicó Aspiazu, se habló de 23 subpartidas, que incluían enlaces de microondas e infraestructura de red, lo que contravendría la política actual en materia de conectividad y acceso a internet, “bajo la perspectiva de que el conocimiento debería ser de acceso universal”.

Además, en los primeros meses de 2014 se prevé tener los mecanismos para la recaudación, aplicación, administración y distribución de los valores, lo que -admitió Cevallos- es un tema técnico y complejo.

Por el momento, adelantó que el organismo privado encargado de la recolección de los valores será la Entidad Recaudadora Única por Copia Privada (Enrucopi).

Mientras que la administración de los fondos y la responsabilidad de hacerlos llegar hasta su beneficiario, le corresponderá a las denominadas sociedades de gestión, entre las que se encuentran la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce), la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (Sarime), la Asociación Ecuatoriana para la Gestión Colectiva de los Derechos Reprográficos de Autor (Aedra), entre otras.

Estas -aclaró Cevallos- serán monitoreadas y auditadas por el IEPI.

El sistema jurídico, consagrado en la Ley de Propiedad Intelectual, concede al autor derechos patrimoniales sobre sus obras hasta por 70 años después de su muerte; sin embargo, este reglamento en discusión también tiene un transfondo social.

“Muchos artistas ni siquiera están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y no podemos permitirlo”, apuntó el funcionario.

El cantautor Troy Alvarado, presidente de Sayce, espera que el reglamento defina, entre otras cosas, si el monto que se recibirá por cada organización será igual, pues el Derecho de Autor por regla no puede ser igualitario. “La obra más sonada genera más derechos. El compositor de Mi Lindo Ecuador (Rubén Barba) recibe mucho dinero porque su canción suena en todas partes”, explicó.

Detalló, además, que Sayce recaudó el año pasado más de $ 2 millones por concepto de Derechos de Autor, algo mínimo en comparación con otros países. Expresó que esta normativa permitirá que los creadores reciban lo que por ley les corresponde, considerando que “muchas obras se usan indiscriminadamente”.

Aunque es difícil cuantificar el perjuicio que se produce a través de la copia pirata, consideró “injusto” que los autores deban explicarle al país por qué es necesario que se cumpla la ley.