Estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) indican que en diciembre de 2012 se entregaron en total 1.616,4 millones de dólares en créditos, cifra que se redujo, aproximadamente, en 14 millones de dólares comparada con el mismo mes de 2011, por las fluctuaciones en los egresos de los hogares.

Esto ocurre en un contexto de nuevos reglamentos emitidos por la Superintendencia de Compañías a las empresas que otorgan y emiten tarjetas de crédito.

Las compañías emisoras de tarjetas Pacificard e Interdin entregaron 250 millones de dólares en créditos a 347.836 usuarios de enero a noviembre de 2012, que mantienen deudas de 721,2 dólares en promedio, lo que representa una reducción del 5,93% con respecto a 2011, según el BCE.

A partir de este mes estas empresas tienen la obligación de reportar trimestralmente a la Superintendencia, por medio de una lista, los rubros y servicios que cobrarán a los clientes.

Aquello está establecido en el Reglamento para el Control de las Ventas a Crédito, expedido el 30 de diciembre de 2011 y publicado en el Registro Oficial en febrero de 2012, aunque hubo reformas.

La modificación llegó en septiembre después de que la Junta Bancaria (JB) estableciera que solo las entidades financieras pueden emitir tarjetas de crédito. Medida que tiene como objetivo evitar el recargo al cliente de cualquier otro rubro, servicio o concepto adicional.

Los costos máximos por los servicios son fijados semestralmente por el organismo de control. La entidad informó que actualmente han cumplido con esta obligación 23 compañías que dan créditos y 17 que emiten tarjetas de circulación restringida.

La Superintendencia controla periódicamente a las compañías que emiten tarjetas de circulación restringida de descuento, acumulación, identificación, etc.

Rubén Rodríguez, estudiante y portador de una tarjeta de crédito, señaló que es una medida positiva porque evitará a los clientes pagar rubros que no corresponden a los consumos realizados.

Las empresas que no cumplan lo establecido en el Reglamento pagarán una multa prevista en la norma, según el artículo 451 de la Ley de Compañías. Estas empresas podrán presentar hasta el 30 de abril sus reportes, por el sitio web, al organismo.

Adicionalmente, aquellas que no realizaron sus actualizaciones de datos en el plazo establecido entre octubre y diciembre de 2012 podrán hacerlo por vía electrónica hasta finales de febrero.

Esto genera un beneficio para los usuarios de las tarjetas y los beneficiarios de los créditos, quienes tendrán la posibilidad de conocer, por medio de los estados de cuenta, que reciben mensualmente, en sus correos electrónicos los montos y los rubros exactos que adeudan.

Las casas comerciales que ofrecen este beneficio están dispuestas a acatar la disposición de la Superintendencia de Compañías. Así, una fuente cercana a la empresa Comandato destacó que ejecuta todo lo que la ley dispone. “Por ejemplo, los clientes pueden verificar en la web sus estados de cuenta, además de llenar las solicitudes de crédito que se emite, la información sobre los rubros será también enviada a la autoridad en el momento que lo disponga”.

Los mismos servicios digitales están en los almacenes Japón, La Ganga, Créditos Económicos, entre otros, además estas compañías realizan llamadas telefónicas a la base de clientes con el fin de solicitar autorizaciones para cobrar los rubros, como el envío de los estados de cuenta, entre otros.

A criterio del analista económico Hugo Villacrés resulta positivo que el ente regulador tenga conocimiento de lo que las empresas realizan, pues así el control será más estricto, y dejará como único beneficiario de ello al ciudadano.

“En un futuro esto podría ayudarnos, entre otras cosas, a tener un ranking de cuáles son las tarjetas con mejores indicadores para el consumidor, además se demuestra una cultura de finanzas personales más acorde con las capacidades de consumo de la población”, señaló.

Villacrés agregó que “esto derivará en un sistema de mercado con un mejor funcionamiento, pues la Superintendencia podrá generar ventajas de seguridad y calidad a los ciudadanos”.