El contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, confirmó el hallazgo de indicios de responsabilidad penal en contratos de  venta anticipada de crudo suscritos por Petroecuador con Petrochina y Unipec, entre el 1 de enero de 2012 y 31 agosto de 2016.

Las declaraciones de Celi se produjeron este jueves, durante una reunión con integrantes del Foro de Economía y Finanzas Públicas, quienes aportarán en el análisis a la deuda pública.

Al menos veinte hallazgos con irregularidades determina el examen especial DNA6-0012-2017 en el cual se revisaron $ 6.108’524.121 que constan en 226 facturas.

Destaca, entre otros aspectos, que no se evidenció la conformación del Comité Ejecutivo para la identificación de proyectos específicos ni las gestiones y estudios previos a la suscripción de los contratos para la compraventa de crudo Oriente y Napo, que evidencien rentabilidad y mutuo interés.

El 5 de febrero pasado, el expresidente Rafael Correa rindió su declaración libre y voluntaria sobre la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la venta de crudo a Petrochina.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía en este caso comenzaron el 2 de febrero. Según el denunciante, Fernando Villavicencio, el Estado ecuatoriano fue perjudicado en $ 2.200 millones por la suscripción de contratos con China y Tailandia a través de alianzas estratégicas.

Celi también informó que la Contraloría avanza con exámenes especiales a la Universidad Yachay, donde hallaron irregularidades en contratación de personal, viáticos e infraestructura. Mientras en la empresa pública se detectaron retrasos en ejecución de obras. 

El contralor también confirmó un informe con indicios de responsabilidad penal por las sabatinas (enlaces ciudadanos) en el gobierno anterior. Reveló que encontraron irregularidades en la contratación de servicios, incluso falsificación de documentos. 

Además, el funcionario confirmó que la Contraloría realiza una auditoría a las declaraciones patrimoniales de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado.

También aclaró que se realizan exámenes a las empresas de publicidad de los hermanos Alvarado y contratos con instituciones del Estado.

Otro anuncio fue la glosa por $ 77,2 millones contra los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, por autorizar el pago del 40% del aporte estatal por pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con bonos del Estado. 

En la notificación de la glosa, según recogió hoy diario Expreso, Rivera emitió el 24 de abril de 2012, un acuerdo ministerial con el que viabilizó el pago del 40% de las pensiones jubilares con bonos. Mientras que Herrera autorizó los desembolsos en favor del IESS.

La Contraloría indica que los bonos, por mandato de ley, deben destinarse solo para financiar proyectos de inversión y "estaba expresamente prohibido destinarlos al gasto permanente". 

Finalmente, Celi informó que están en marcha dos auditorías al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (I)