El titular de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), Pedro Páez, informó ayer en Quito que el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (Conecel), que maneja la marca comercial Claro, pudo haber evitado la multa de $ 138’495.964,06 solo si aceptaba firmar un acuerdo de cese con el organismo de control.

“Durante 7 meses nosotros hemos estado insistiendo, en privado y en público, para que firmen el compromiso de cese, con lo cual no tendrían que pagar un solo centavo”, aseveró Páez.

El funcionario indicó que mantuvieron reuniones en octubre de 2012 cuando se conversó con el director jurídico de Conecel, Teodoro Maldonado. Luego tuvieron una reunión en mayo de 2013 con el presidente de Conecel en Ecuador y una delegada de la marca en América Latina. “A la final no aceptaron, presentaron más tarde un compromiso de cese en el que no admitían la infracción de la ley. A finales de 2013 reconocieron que habían infringido la ley, pero se negaban a reconocer el principio de subsanación y lastimosamente se llegó a esa multa que está de acuerdo con lo que estipula la ley vigente”, recalcó Páez. 

Reiteró que los compromisos de cese son instrumentos legales que permiten regularizar la situación de todos los actores de la economía que estén incumpliendo con la ley, “provocando un proceso de transición que no sea traumático para nadie, que garantiza el ejercicio de la ley para todos”. El cese se encuentra estipulado en el artículo 89 de la Ley de la SCPM.

El principal de la SCPM explicó que no hay plazos establecidos para lograr un compromiso de cese y se puede firmar hasta el último momento en que la Comisión de Resolución de Primera Instancia cierra un proceso, o hasta que llegue al Superintendente una apelación y se cierre el caso.

Si Conecel hace una propuesta, el grupo de abogados se reunirá para analizar esta posibilidad. “De nuestra parte haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr un compromiso de cese”, acotó.

Páez reconoció la postura asumida por la empresa Confiteca, que el pasado martes firmó un compromiso de cese, por el cual decidió eliminar la utilización de transgénicos en 2 de sus productos.

“Lo que me parece ejemplar es esa actitud cívica, ese compromiso de responsabilidad social corporativa que tiene la empresa de acercarse por sus propios medios sin necesidad de que le llegue una notificación de algún proceso iniciado en la SCPM, para aceptar que ha infringido la ley”, dijo.

La Superintendencia también firmó compromisos de cese con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui, el 23 de octubre de 2013, por la emisión de cuñas radiales, y con el Instituto Capei y Educrecer por utilizar símbolos y el nombre de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Precisó que no tiene cifras exactas sobre los casos que persigue por prácticas abusivas e ilegales, al argumentar que “eso es un proceso de barrido donde se encuentran casos”. “El año anterior teníamos 77 casos, tengo entendido que al momento hay 86, de los cuales entre 26 y 30 ya están resueltos”, aseguró.

Los casos que se analizan involucran a diferentes actores como las telefónicas, financieras, farmacéuticos, químicos, fertilizantes, textiles, alimentos, zapatos, agua potable, bebidas, institutos de nivelación para universidades, agencias de viaje, peluquerías y vendedores de hotdog, entre otros.

“Unos 400 sectores tienen prácticas desleales en Ecuador y en todos ellos hay niveles de concentración más allá de lo saludable. Estamos hablando de todos los sectores de la economía a los que hacemos un seguimiento diariamente. Razón por la cual, por cada intervención que hagamos, un millón de intervenciones se queden sin ser analizadas”, aseguró Páez, quien realizó un llamado a la ciudadanía a denunciar las prácticas desleales de las empresas en el mercado.

Datos

Un ‘compromiso de cese’ es una forma rápida y eficiente para terminar las investigaciones, evitar sanciones y restablecer la competencia.

Cuando el operador económico sabe que ha incurrido en una de las conductas sancionadas, puede comparecer ante la Comisión de Resolución de Primera Instancia para reconocer todos o parte de los hechos, ofrecer el cese de tales hechos o conducta y ofrecer las medidas de corrección o subsanación.

El principio de subsanación se refiere a que sí hubo una afectación directa al consumidor, esto tiene que ser enmendado.