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Ecuador, 25 de Diciembre de 2024
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El Telégrafo
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La concesión de Sopladora traerá ingresos Estado

La construcción de Sopladora inició en 2011 y fue inaugurada en 2016. En ese periodo ha aportado con una energía neta de 5.801,80 GW/h.
La construcción de Sopladora inició en 2011 y fue inaugurada en 2016. En ese periodo ha aportado con una energía neta de 5.801,80 GW/h.
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La proforma presupuestaria 2020 contempla alrededor de $ 2.000 millones de ingresos por la concesión de activos del Estado. Los primeros en la lista son la hidroeléctrica Sopladora, Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La concesión de Sopladora ya fue aprobada por el Comité Coordinador de Gestión Delegada, creado por el Decreto Ejecutivo 740 para identificar proyectos cuya administración pueda ser delegada al sector privado.

Ahora la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dueña de la hidroeléctrica, busca a un estructurador para que analice jurídica y financieramente el modelo de concesión. Así indicó Marco Valencia, subsecretario de Generación y Transmisión del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, en una entrevista con este Diario.

El funcionario explicó que la hidroeléctrica está totalmente operativa y que por su tamaño, el Estado podría recibir $ 1.000 millones. La central tiene una potencia de 487 MW y es la tercera central del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute.

Los procesos para los otros activos están “muy adelantados”, apuntó Marco Macías, consultor que acompaña el proceso de monetización. Además agregó que se trabaja en una nueva lista.

En los últimos meses se ha realizado el análisis de ámbitos legales, técnicos y comerciales de los bienes del Estado, señaló el especialista y se han destrabado algunos asuntos legales. Es por ello que consideran que las concesiones previstas para 2020 sí se concretarán.

La proforma presupuestaria llegó a la Asamblea el 31 de octubre. El presidente del órgano, César Litardo, informó que la próxima semana, será calificada por el Consejo de Administración Legislativa y decidirá qué comisión se encargará de su análisis.

El documento, que plantea un presupuesto de $ 35.499 millones, requiere solo de un debate en el Pleno, “por lo que la mesa parlamentaria que lo analice cuenta con más tiempo para su estudio”, dijo Litardo.

El plazo legal para aprobarla u observarla es el 30 de noviembre de 2019. (I)

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