Con 9 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Régimen  Económico de la Asamblea aprobó el lunes el informe para segundo debate del proyecto urgente de Ley Orgánica Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto. 

El informe incluyó una disposición transitoria. En esta se señala que "la entidad encargada de la fijación de precios de los mismos (derivados de petróleo), realizará los ajustes necesarios en la cadena de comercialización, para lo cual emitirá una normativa respectiva que permita la aplicación del presente artículo. El Ministerio de Finanzas realizará los ajustes y transferencias correspondientes".

Aquello quiere decir que una norma secundaria (resolución) determinará cuál será el mecanismo para que no suba el precio del GLP ni tampoco de los combustibles.

El asambleísta Carlos Bergmann (AP), así como el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, mencionaron que las entidades competentes definirán los lineamientos para que el Estado ecuatoriano cubra el incremento de 2% al IVA para no causar un impacto en derivados.

La transitoria llega luego de que, la semana pasada, representantes de los comercializadores de combustibles manifestaron que con el aumento del IVA los precios de los combustibles se elevarían entre  $ 0,015 y $ 0,03 por galón.

Por otra parte, en la mesa de la Comisión de Régimen Económico, Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas, solicitó que el proyecto de ley incluya a toda la provincia como beneficiaria de los recursos, los incentivos y las exenciones tributarias.

Con respecto a la reconstrucción de la infraestructura en las circunscripciones afectadas, la Comisión resolvió que se priorizará la contratación de empresas, profesionales, bienes y servicios de origen local.

A su vez, se determinó que, en las circunscripciones definidas mediante decreto ejecutivo como afectadas, las nuevas inversiones productivas que se realicen en los siguientes dos años estarán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión.

Bergmann indicó que, para acogerse a los incentivos de la ley, los empleadores deberán contratar al 75% de la mano de obra no calificada en las zonas afectadas y siguiendo el procedimiento que señale la autoridad de trabajo. 

Añadió que en la propuesta se establecerá que una vez que se reactive la actividad económica de las empresas o negocios deberán llamar a sus extrabajadores que terminaron su relación laboral a consecuencia del desastre natural, para que se reintegren a sus anteriores puestos de trabajo.

En caso que el trabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador cesará la obligación de reintegro a su puesto de trabajo. Esto se hace con la finalidad de que no pierda su antigüedad y los servicios sociales, para lo cual el Ministerio de Trabajo será el que regule los procedimientos. (I)