El pleno de la Asamblea Nacional se allanó ayer a la objeción parcial del Ejecutivo a la derogatoria a la Ley de Burós  de Información Crediticia, que incluye la Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías. La normativa obtuvo 54 votos a favor, 2 en contra, 27 abstenciones y 0 blancos.

Con esta decisión se elimina la central de riesgos y los burós privados de información crediticia, y   se crea el Registro de Datos Crediticios, que será manejado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) y regulada por el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

El proyecto, aprobado en segundo debate por la Asamblea, tuvo 16 observaciones que fueron expuestas en el veto del Ejecutivo devuelto a la Legislatura el pasado 31 de octubre. En las observaciones constan: Registro de Datos Crediticios, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, plazos para la entrega de información, procedimiento para la entrega de información a las instituciones, la eliminación del sustento desmaterializado de cada una de las operaciones crediticias en la Economía Popular y Solidaria, entre otras.

Además en la objeción se incluye registrar la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (Issfa), en las que se inscriban obligaciones de pago y que serán determinadas por resolución de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

Con respecto al modelo y metodología que se  aplicará para el historial crediticio será de 6 años, pero se considerarán los últimos tres años. Las superintendencias de Bancos, de Compañías y de Economía Popular y Solidaria se encargarán de auditar los datos que, anteriormente, solo realizaba la Dinardap.

Mientras que, el Banco Central determinará los casos  que cuando haya intereses de mora en una deuda se les impute primero al capital y no los intereses. El asambleísta Ramiro Terán, del MPD, manifestó que su rechazo al veto del Ejecutivo es por la supuesta utilización de datos de los ciudadanos de forma “arbitraria”, porque se convierten en un riesgo que puede menoscabar el prestigio o buen nombre de las personas, a través de un ente público.

Ante esa preocupación, Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, aseguró que es positivo incorporar en la ley más instituciones que ayuden al fortalecimiento del registro crediticio y que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) sea  el único organismo autorizado para entregar la información contenida en el registro de datos crediticios  al titular de la información y a quien este autorice”.

De su lado, el legislador Paco Moncayo dijo que su preocupación radica en que la información crediticia de los ciudadanos esté concentrada en la Dinardap, que es regulada por el Mintel, por lo que planteó que esta información esté controlada por el Consejo de Participación Ciudadana. Según el legislador, es un riesgo que la información personal (deudas, ingresos, pago de impuesto) esté manejada por el Estado.