¿Monopolio público o privado? Ese es uno de los cuestionamientos alrededor del manejo de información crediticia que plantea el proyecto de ley para la reactivación económica.

La propuesta plantea que la Superintendencia de Bancos opere el Registro de Datos crediticios con la finalidad de prestar el servicio de referencias, es decir, la información a la que acceden las entidades financieras o comerciales antes de otorgar un crédito.

El superintendente de Bancos, Christian Cruz, explicó ayer en la Asamblea Nacional que la norma pretende garantizar el acceso al crédito de todas las personas y, sobre todo, a la información.

La disposición es apoyada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, quien semanas atrás indicó a este diario que la Superintendencia de Bancos puede albergar procesos de este tipo y que, de esta forma, “se evitaría que se cree un monopolio privado que maneje la información crediticia”. Aseguró que el traspaso de información no pone en riesgo los historiales crediticios de las personas.

Sin embargo, Marco Rodríguez, asesor de Equifax, el único buró de crédito que opera en Ecuador, sostiene en cambio que, con el paso de información a la Superintendencia de Bancos, “se crearía un monopolio público”. “La Superintendencia de Bancos es un organismo de control y supervisión. Con la ley, la entidad se convierte en un actor del mercado de referencias crediticias”.

Agregó que el proyecto original -además- establece un límite ($ 0,15 del salario básico unificado o $ 56) por debajo del cual no se podrá registrar ningún crédito.

Según Rodríguez, de aprobarse el proyecto, se eliminarían 2,8 millones de créditos actualmente registrados, que corresponden a 2,4 millones de sujetos. De esos 2,8 millones de créditos registrados, 2 millones -o el 71%- corresponden a deudas por vencer o pagadas a tiempo que muestran buen comportamiento de pago. Entonces se afectaría a los buenos pagadores.   

El superintendente desmintió aquella interpretación y dijo que esa norma ya está vigente y no ha disminuido la colocación de crédito.

En el último informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico y que se debate hoy por segunda vez en la Asamblea Nacional, se especifica que la mencionada exclusión se refiere a operaciones vencidas.

Ante esta modificación, Cruz respondió: “Lo importante es escuchar los puntos de vista. Lastimosamente, muchas de las cosas que se quitaron fueron bajo argumentos que no eran ciertos”.

Otro punto que preocupa a Equifax y que fue considerado en el informe de la comisión, es que si el buró entrega toda su base de datos a la Superintendencia, se estarían violando sus derechos de propiedad intelectual.

Además, Víctor Murillo, director Business Center de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, también advirtió sobre este punto en días pasados porque influiría negativamente en la renovación de preferencias arancelarias (SGP) con EE.UU. Explicó que las normas establecen claramente que un país que no respete los derechos de propiedad intelectual de una compañía norteamericana no puede acceder al SGP.

El buró de crédito, cuya sede se encuentra en Atlanta, recomienda que las normas permitan la participación de entidades crediticias públicas y privadas con las mismas reglas. (I)

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Reglas

Buró propone pluralidad
→La entidad sostiene que la legislación ecuatoriana debería permitir la participación de burós privados y públicos, en coexistencia bajo las mismas reglas. Según Marco Rodríguez, antes de 2012 la participación regía de esa manera.

→65 por ciento del proyecto de ley ha sido modificado por la Comisión de Régimen Económico.

Autoridades defienden
→El Ministro de Finanzas y el Superintendente de Bancos aseguran que no se afectaría la información crediticia.