Aunque en el país las instituciones y empresas públicas cuentan con un portal web en el que, además de mostrar su información, ofrecen vías para realizar un trámite burocrático, solo el 6% de los ecuatorianos logra concretar su diligencia de forma digital.

La cifra consta en un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento señala que los trámites digitales pueden solucionar muchos de los problemas de las burocracias modernas: son más rápidos (74% en promedio), más baratos de prestar (cuestan entre el 1,5% y el 5% de lo que cuestan los trámites presenciales) y son menos vulnerables a la corrupción. Sin embargo, su implementación y su uso son muy bajos en la región.

Solamente el 7% de los latinoamericanos reconoce haber hecho, en su totalidad, una diligencia en línea.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una de las entidades estatales que más trámites gestiona. Al mes atiende, en promedio, 24.312 registros y actualizaciones de una cuenta bancaria de los afiliados.

Esta diligencia es semipresencial, mientras que trámites como la generación de una clave para acceder al portal del IESS se realizan vía internet. Si el solicitante, después de varios intentos, bloqueó su usuario, no tiene otra opción que ir hasta las oficinas de la entidad, ubicada en el norte de la urbe, y tramitar su pedido.

¿Cuánto tiempo tarda en realizar esa diligencia? El IESS, a través de un correo electrónico, respondió que el lapso es de 15 minutos.

El informe del BID revela que la ejecución de un trámite burocrático demanda 4,2 horas del tiempo del solicitante.

La medición toma en cuenta acciones como trasladarse a la entidad pública, hacer fila, esperar en la ventanilla, leer un aviso, llenar un formulario, mandar una carta o incluso aprender a utilizar una plataforma web.

Pero hay diligencias que tardan días y hasta meses. Una de ellas es la recuperación de un carro robado que la Policía Nacional halló y permanece en sus patios de retención.

Para que el dueño saque su automotor es necesario que el fiscal del caso disponga la realización de un peritaje integral. Los especialistas realizarán el reconocimiento técnico, mecánico, avalúo de daños e identificación del número de serie. En caso de estar alterada se somete a un proceso de revenido químico (operación para restablecer el número de serie original).

Después de este proceso, el fiscal solicita a la casa ensambladora el análisis del código de seriales de identificación del vehículo para determinar su identidad. Para esa diligencia es necesario sacar un turno que se da, dependiendo de la casa, en tres o cuatro meses.

Los trámites que implican a un medio de transporte se gestionan en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en el norte de Quito. Ahí, en la entrada hay una ventanilla de información en la que se direcciona a todos los ciudadanos.

Diligencias como actualización de gravámenes para matrículas, actualización de datos por actas de juzgamiento, convenios de facilidades de pago por multas, emisión de licencia y de títulos habilitantes (requisito indispensable para que un bus circule) son las más demandadas.

En esta última, Álvaro Guzmán, director de esa institución, manifiesta que la ANT realizó “un gran esfuerzo” para ser más eficientes. Si bien los resultados aún no son visibles, señala que en 2018 se inició la automatización de los procesos de títulos habilitantes para 45 trámites en todas las modalidades de transporte.

Las diligencias que se priorizaron son: concesión de contrato, permiso y autorización, habilitación de unidades, cambio de socio de vehículo, incremento de cupo, dimensionamiento de flota y renovación de contrato.

Para la emisión de licencias, la ANT da un turno a cada solicitante. Este se toma vía internet, pero el trámite es personal. El problema de este proceso, indica Juan Carlos Vinueza, usuario y estudiante universitario, es que cuando el sistema se cae o deja de funcionar los turnos se aglomeran y se deben reagendar. Algunos se dan para después de 3 a 5 días. En 2018 se emitieron 832.716 permisos de conducir.

Otra de las entidades en la que los ciudadanos realizan filas es el Servicio de Rentas Internas (SRI). Ahí, la diligencia de devolución de impuestos es lenta, asegura la psicóloga Greta Carrillo.

En mayo pasado, la contribuyente solicitó la devolución de $ 10.000 del impuesto a la renta (IR) de 2017, porque pagó en exceso. Tras varios meses de espera, desde octubre acude una vez al mes al SRI para ver el estado de su trámite.

La última vez fue la semana pasada, cuando le indicaron que el desembolso de estos montos depende del Ministerio de Finanzas. Esto hizo que acepte una nota de crédito desnaturalizada que puede utilizar para pagar el IR de este año.

En agosto de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites con el objetivo de mejorar, regular, simplificar y eliminar trabas burocráticas.

El estudio encontró varios obstáculos que los países de la región deben superar para lograr una digitalización de los trámites. Entre ellos, que el 66% de los latinos cuenta con una banda ancha de red móvil y el 11% con servicio de internet fijo. (I)