Para los ciudadanos que presentaron la solicitud de reclamo de recálculo hasta el 21 de abril, fecha establecida por la Ley Orgánica por el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, el Banco Central del Ecuador (BCE) indicó mediante un comunicado que el plazo para suscribir el contrato de recálculo se extendió hasta el 20 de agosto de este año.

“Existen solicitudes de reclamo que han sido ya atendidas previo a la suscripción del convenio de recálculo. Estas requieren de un proceso operativo en los sistemas contables para regularizar los valores que deberán pagar los ciudadanos, según el recálculo de sus deudas. En estos casos se ha previsto un tiempo adicional para la suscripción de los contratos”, señaló el BCE.

Según la entidad, hasta el momento se han acercado 625 personas que han solicitado el recálculo en las oficinas del BCE de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, con un total de 1.078 operaciones.

La Ley determina que la institución financiera debe viabilizar un mecanismo para cobrar a deudores no vinculados, quienes tendrán un plazo de hasta 6 años, incluido uno de gracia, con una tasa de interés del 5%, con lo cual se beneficiarán 2.825 deudores no vinculados.

Son $ 2.693 millones de deuda de los no vinculados. El préstamo inicial de deudores no vinculados fue de $ 800 millones.

Pago a exacreedores

La vigencia de la Ley Orgánica para el cierre de la Crisis Bancaria de 1999 se ha convertido en un elemento importante en la devolución del dinero a los aproximadamente 44.000 acreedores de la banca cerrada, cuyo proceso inició el 10 de marzo pasado.

Desde esa fecha, hasta el 10 de junio de este año el BCE canceló $ 6’333.000, correspondientes a 4.099 acreencias, siendo un monto superior a lo pagado desde 2010 hasta antes de que entrase en vigencia la Ley. En apenas 3 meses se supera en cerca de un millón de dólares el monto total cancelado. (infografía).  

La entidad estatal prevé entregar $ 23,8 millones a 44.000 acreedores de la banca cerrada.

De acuerdo con datos de la entidad, la mayor cantidad de acreencias pagadas correspondieron a Filanbanco S.A, con 2.352 por un monto de $ 2’040.018,25; le sigue el Banco del Progreso con 683 acreencias por $ 57.490,02, y el pago de 482 acreencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Serfin, por $ 125.326,77.

Otro beneficio que ha permitido la aplicación de la Ley es la liquidación y pago de pensiones jubilares a extrabajadores de las instituciones financieras extintas.

Al respecto, el BCE ha cancelado ya 51 sentencias ejecutoriadas que fueron presentadas por los antiguos empleados de los bancos La Previsora y Filanbanco, por un monto de $ 837.677,22 en las ciudades de Quito y Guayaquil.   

El proceso de devolución de fondos finaliza el 5 de septiembre próximo. La persona deberá acercarse a las oficinas del BCE en Quito, Guayaquil y Cuenca para el cobro de sus acreencias, hasta por un monto de $ 75.000.