Para el sector financiero privado, el proyecto de ley para la regulación de los créditos para vivienda necesita ajustes con el fin de evitar “la desaceleración o desincentivo” de realizar ese tipo de préstamos que hoy está entre el 15 y 18% de su cartera.  

César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, cree que  de ser aprobada la norma tal como la plantea el Ejecutivo, podría reducir el porcentaje de créditos drásticamente a entre el 5 y 8% .

El banquero plantea que la base para un crédito hipotecario cerrado sea de 200 remuneraciones básicas y no de 500, como rige en la propuesta, porque aquello significa “no dirigir este proyecto de ley para los sectores de la clase media, sino apoyar a quienes estarían en el sector social medio alto, porque ellos pueden adquirir una vivienda de 150 mil dólares y más”.

Este criterio  es respaldado por Mario Burbano, gerente general de la Mutualista Pichincha, a quién  le preocupa que el sector tenga que generar una “hipoteca sin recursos”, lo que significa suspender la aplicación del artículo 2367 del Código Civil, Garantía General, para créditos hipotecarios que cumplan ciertas características.

Con ello, Burbano explica que los créditos con recurso reducen el riesgo del acreedor y  están acompañados de procesos legales formales adicionales para la ejecución del recurso. Mientras que los créditos sin recurso impiden el acceso del acreedor al cobro por la vía de otros bienes y el patrimonio del deudor.

“Lo que incrementa el riesgo y obliga al sistema financiero a adoptar medidas más rigurosas de selección de los clientes de crédito, por lo que ahora ya no será del 70 y 80% del coste del inmueble, sino menor”, según Burbano.

Ante este escenario que marca el sistema financiero privado, el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, insiste en que este proyecto obliga a tener una “corresponsabilidad entre deudores y prestamistas”.

Lo que significa realizar un reordenamiento en la entrega de los créditos para vivienda, explica Solines, y asegura que en el país debe existir tranquilidad porque el riesgo de la morosidad no supera el 2%. La morosidad de la cartera de vivienda  de la banca privada se ubica en 1,75% a diciembre del 2011. En el sistema mutualista, 2,15%.  La del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), menos del 0,15%.

Janeth Sánchez, ministra Coordinadora de la Política Económica, menciona que esto “implica que menos de 350 operaciones de crédito por año entran en mora de sus pagos, y de ese número, no más de 100 por año entran en procesos litigiosos”.

Situación que se convertiría en el mejor indicador para no pensar en un posible desincentivo para el otorgamiento de créditos hipotecarios, en base a lo planteado por el Ejecutivo, que está perfectible a modificaciones, expresó la funcionaria.

El artículo 3 del proyecto indica  que la casa será pagada a  través de la hipoteca, es otro de los cambios que piden los financistas. “Esto sería posible siempre y cuando se verifique que existe incapacidad de pago por parte del deudor”, acotó Robalino.