Por José Rodríguez

Si se multiplica los 1,9 millones de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) por la cantidad de personas promedio en una familia (cuatro), se observa que una población de alrededor de 5 millones de beneficiarios participa tan solo del 6% del ingreso nacional, mientras que las 140.000 personas más ricas del país participan del 9%, en ese grupo está la banca, con cuyos ingresos se podría financiar el aumento de este beneficio, según datos proporcionadas por el Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE).

La propuesta del Ejecutivo es que el sector podrá colocar el 54% de los 300 millones de dólares que se requieren para el incremento, y el 46% restante provendrá de ajustes en el Presupuesto General del Estado. Para ello se elaboró el proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social, que se encuentra en proceso de análisis y debate en la Asamblea Nacional y que involucra a tres leyes a fin de que los bancos privados paguen más tributos para elevar este aporte económico de 35 a 50 dólares (gráfico 1).

En este contexto, el proyecto de Ley suprime la reducción del 10% de la tarifa del Impuesto a la Renta (IR) sobre el monto reinvertido en activos productivos para las instituciones financieras privadas, lo que ha generado cuestionamientos desde los banqueros porque consiste en una afectación directa hacia sus intereses. Varios representantes del sector bancario expresan dudas acerca del impuesto argumentando que no se haya implementado lo mismo con el sector industrial, sin embargo, no han considerado que su aporte a la economía no es tan grande como el que realizan los otros sectores productivos, razón por la que el Gobierno decidió que la imposición se realice solo al área financiera.

El tributo no afectará a la economía real, que es la generadora de empleos y recursos para el país y que se relaciona directamente con el aparato productivo, sino que incide en el sector bancario, cuyas funciones son las de almacenar el dinero de las 7 millones de cuentas registradas en el sistema financiero y redistribuirlo. No obstante, se ha manejado la idea de una posible corrida de depósitos, argumentando que de ser aprobada la Ley desestabilziará a la banca, como advirtió en varios medios de comunicación Abelardo Pachano, presidente de Produbanco: “El sistema financiero ha estado sometido a un acoso persistente desde el inicio de este Gobierno, y con este proyecto realmente quebrarían las buenas costumbres y principios sanos con los que ha logrado recuperar el infortunio del que salió en el año 1999 y del que no tiene tampoco ninguna responsabilidad”.

Ello fue desmentido por la ministra de la Política Económica, Jeannette Sánchez, al afirmar que “las medidas no afectan a los depositantes; su dinero, está asegurado. Lo que se busca es proteger a los sectores más pobres del Ecuador, con base en el ajuste de impuestos a los más ricos”. Actualmente, la banca registra un índice del 16% al 20% de rentabilidad sobre su patrimonio (ROE). “Los niveles de liquidez y solvencia de la banca privada son adecuados e incluso superiores a las exigencias que tiene la autoridad de control”, afirmó Sánchez, y agregó que los banqueros seguirán ganando una buena rentabilidad, que incluso puede ser mejor si ellos ajustan su gestión y mejoran su eficiencia.

En la misma línea, se establece que, para determinar el anticipo a pagarse con cargo a los ejercicios fiscales corrientes, las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito
paguen el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior, pudiendo este porcentaje reducirse hasta el 1% por
medio de un decreto ejecutivo.

Esta sería una fuente directa de financiamiento para el incremento del BDH puesto que el dinero provendrá de un tributo adicional que tendrá que cancelar la banca, por ello, la información relacionada con las utilidades que
obtengan durante los ejercicios fiscales deberá ser registrada en los archivos del Servicio de Rentas Internas (SRI). Con ello, se podrá ubicar y definir quiénes son los deudores del Estado que no cancelan sus obligaciones tributarias
pese a tener la capacidad económica para hacerlo.

Se establece, además, la supresión del beneficio de no considerar en el cálculo del anticipo del IR los activos monetarios de las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. Este anticipo se calcula de la suma del 0,2% del patrimonio total, el 0,2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del IR, el 0,4% del activo total y del 0,4% del total de ingresos gravables, pero para las instituciones financieras existe una exensión, pues no se considera en el cálculo a los activos monetarios. Estos activos se conceptualizan como el dinero disponible que tiene la banca para destinarlo a diversos fines como inversiones en sí mismas, créditos y colocaciones de capital.

La banca realiza una resta entre el total de activos y los activos monetarios, de cuyo resultado se saca el 0,4% que es el porcentaje correspondiente a lo gravable, pero con esta Ley no podrían realizar esa operación. En 2011, el total de activos de la banca superó los 23.865 millones de dólares y los monetarios alcanzaron los 4.821 millones, con lo que se pagó el 0,4% de 19.044 millones. La Ley busca generar un mayor valor al anticipo.

Asimismo se suprime la tarifa cero de los servicios financieros en relación al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que implica que varias de estas prestaciones podrían aumentar sus valores por el pago de este tributo. Por otra parte, y como un acuerdo al que el Gobierno llegó con representantes del sector empresarial, se establece que los pagos por el impuesto a la salida de divisas (ISD), susceptibles de ser considerados como créditos tributarios para el pago del IR y que no hayan sido utilizados, puedan ser devueltos por parte de la administración tributaria al contribuyente por medio de la emisión de notas de crédito negociables en cualquier momento, que puede ser utilizado para pagar el impuesto a la renta. Esto se configura como un beneficio para el sector empresarial puesto que se constituye como un ahorro para los sectores productivos.

Pese a que no se contempló una devolución del ISD en el momento de la implementación de este tributo, el Gobierno acogió la petición empresarial realizada en una reunión que mantuvo con representantes de esta área económica en agosto pasado. Además se propone que entre las atribuciones de la Junta Bancaria se incluye la fijación de un monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las entidades que se encuentran bajo su control.

Esto, debido a los altos salarios que reciben los ejecutivos de las entidades del sector, y reducir la brecha entre ricos y pobres (gráfico 2). Según estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), en los cuatro bancos más grandes del país -Guayaquil, Pichincha, Pacífico y Produbanco-, los sueldos de las principales autoridades superan el 50% de la suma total de los representantes de las 22 instituciones restantes en el mercado ecuatoriano.