Tras casi 12 horas de debate, la Asamblea Nacional aprobó la noche del martes el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas, y la Inversión Extranjera, conocida como APP, que establece mecanismos para las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado para la ejecución de proyectos excluyendo a los sectores estratégicos, salvo los nuevos proyectos públicos contemplados en materia energética.

En la sesión 354 del Pleno, la normativa obtuvo 96 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención. En total se registraron 42 intervenciones de legisladores.

Entre los puntos aprobados constan la remisión de intereses por mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con el que se beneficiarán más de 162 mil empleadores con condonaciones de recargos por retraso del pago de sus obligaciones.

También se beneficiarán de la remisión de recargos e intereses los pescadores artesanales de todo el país que tengan haberes generados por microcréditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN) desde 2008 hasta la fecha de expedición de la ley.

Para facilitar y simplificar la tramitología, el Presidente de la República tendrá la potestad de modificar o suprimir permisos o licencias mediante Decreto Ejecutivo, con excepción de licencias ambientales.

A lo largo del tratamiento de la ley, sectores de oposición y gremios productivos reclamaban la inclusión de un representante del sector dentro del Comité Interinstitucional, que será el órgano encargado de coordinar y articular políticas, lineamientos y regulaciones vinculadas a las asociaciones APP.

Sin embargo, desde la bancada de PAIS se recalcó que la propia Constitución impide tal participación justificando que los empresarios no pueden actuar como juez y parte.

El Comité, entonces, queda conformado por la máxima autoridad de los ministerios coordinadores de la Producción; de la Política Económica; y de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Los tres tienen derecho a voz y voto. Además participarán en las sesiones, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad promotora del proyecto de alianza; y el titular del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Se creará una Secretaría Técnica, cuyas funciones y atribuciones serán definidas por el Comité a través de un reglamento.

Para la resolución de conflictos entre las partes durante el desarrollo de un proyecto, se recurrirán a instancias legales regionales latinoamericanas.

Los empresarios que se afiancen alianzas con el sector público se beneficiarán con exenciones de tributos como el Impuesto a la Renta, durante un período de 10 años, impuestos a la salida de divisas, entre otros.

En contexto, entre el 2007 y 2014 el Estado ha invertido cerca de $ 7,712 millones en infraestructura, se estima que bajo la modalidad de asociaciones público-privada podrían ejecutarse en los próximos 3 años proyectos de infraestructura portuaria por $ 576 millones, infraestructura vial por $ 1,737 millones, y $ 831 millones en vivienda social, según información de la Senplades, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de la Empresa Pública de Vivienda, recogidos en el informe. (I)