Luego de casi ocho horas de sesión, la Asamblea Nacional votó este martes 7 de agosto por el veto presidencial al proyecto de Ley de Fomento Productivo y Estabilidad Fiscal.

Durante la sesión 533 no se lograron los votos necesarios para allanarse a los artículos relacionados a las reglas macrofiscales y límite de endeudamiento.

La votación del proyecto de ley se realizó en tres bloques: el primero, que implicó el allanamiento de más de 40 artículos y observaciones, el cual fue aprobado con 84 votos afirmativos.

El segundo, el relacionado a las reglas macrofiscales y el límite abierto del endeudamiento, que no recibió el apoyo de los asambleístas al registrarse tres votos negativos y 63 abstenciones.

El tercer bloque, el vinculado a la regulación para la reducción de tarifas de servicios financieros; preasignaciones presupuestarias y condonación de compromisos a los deudores de la banca cerrada de 1999 por causa extrema comprobada, cuya votación se hizo artículo por artículo y fue ratificada.  

También, se votó la obligatoriedad para que la Junta de Política Monetaria y Financiera fije tasas para los sectores agrícola y ganadero.   

Luego del pronunciamiento de la Asamblea, el proyecto será enviado al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.
Varios fueron los puntos que coparon el debate de los legisladores en el proyecto de ley, sin embargo el de mayor discusión fue el de la remisión de intereses y multas.

En ese sentido, los asambleístas de la Revolución Ciudadana fueron quienes más criticaron la iniciativa del Ejecutivo con el argumento de que la propuesta busca beneficiar principalmente a los grandes sectores empresariales y grupos económicos.

El asambleísta Mauricio Proaño expuso la importancia que tiene para el Estado la recaudación y la lucha contra la evasión fiscal y señaló que el Servicio de Rentas Internas (SRI) estaba ganando el 70% de los procesos judiciales en contra de los grandes deudores empresariales, lo que hubiera significado una recaudación de aproximadamente $ 1.474 millones.

De la misma bancada, Viviana Bonilla cuestionó que con el proyecto de la normativa habrá un impacto negativo hacia los trabajadores, pues se verá afectado el cobro de utilidades dentro del proceso de remisión y “se estaría creando un precedente nefasto en el país”.

Sin embargo, la asambleísta Ximena Peña, de la bancada oficialista Alianza PAIS, recalcó que según la normativa propuesta nadie puede acogerse a la remisión de intereses sin antes cancelar las deudas.  

Pabel Muñoz enfatizó que detrás de esta ley hay intereses de poder económico que han presionado la emisión de esta normativa, la cual, según el legislador, tiene varios desaciertos tanto políticos como económicos.

Quien también expuso su inconformidad con la aprobación de este proyecto en cuanto al tema de remisión fue la asambleísta independiente y exmilitante de CREO, Mae Montaño, para quien el gobierno de Lenín Moreno no ha presentado un plan de sostenibilidad fiscal.

Dijo sentirse preocupada porque el Ejecutivo busca la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, pero por otro lado expone sus intenciones de quitar subsidios a los combustibles, lo que causaría un impacto principalmente a los más pobres y la clase media.

Por su parte, Patricio Donoso, de CREO, defendió la iniciativa del gobierno y enfatizó en la necesidad de contar con un instrumento como los arbitrajes, que permitan mantener seguridad jurídica para atraer inversiones. (I)