Diversas reacciones despertó el anuncio del Gobierno de remediar la contaminación ambiental del caso Chevron. Aunque existen discrepancias en torno a si el Estado ecuatoriano debe asumir el costo de esas tareas, hay consenso en cuanto a que es necesario no dejar pasar más tiempo e intervenir.

A la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y al colectivo Acción Ecológica les tomó por sorpresa la decisión, por lo que exigen a las autoridades información de las actividades previstas.

Saludan la intención, pero cuestionan que se vayan a emplear recursos públicos para reparar daños que, sostienen, fueron provocados por la petrolera.

Desde la otra orilla, Chevron recordó que en agosto de 2018 la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un laudo que concluyó que la sentencia ecuatoriana contra la empresa -que la condenó a pagar $ 9.500 millones- “se obtuvo mediante fraude, soborno y corrupción, y se basó en reclamos que la República del Ecuador ya había resuelto y solucionado años antes”.

El litigio con las comunidades indígenas lleva más de 26 años. Ellos demandaron a Texaco (adquirida posteriormente por Chevron) por contaminar la Amazonía durante su operación entre 1964 y 1990.

En 2011, la Corte de Lago Agrio falló a favor de los demandantes y sentenció a la petrolera a efectuar una reparación integral. “Si hay una sentencia judicial que determina la responsabilidad de Chevron, cómo es posible que el Estado invierta recursos de todos nosotros en la remediación de un daño que fue causado por la empresa privada”, manifestó Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT.

El litigante señaló que de las 480.000 hectáreas en las que operó Chevron se debe determinar qué áreas fueron contaminadas, porque hay sitios sin inconvenientes.

Pero más allá de la extensión del terreno resulta complejo cuantificar la magnitud de los daños, pues los derrames petroleros llevan décadas y sus efectos nocivos se esparcieron en lo profundo de la tierra, así como por ríos.

La cuantificación de los pasivos ambientales y todas las implicaciones de la intervención se conocerán en la segunda semana de marzo, indicó la empresa pública Petroamazonas.

La petrolera estatal, a través del programa Amazonía Viva, y el Ministerio del Ambiente (MAE) ejecutarán la remediación.

Al respecto, Marcelo Mata Guerrero, titular del MAE, dijo que aún no tienen determinados los montos de inversión que se requerirán.

Sin embargo, adelantó que utilizarán tecnología ex situ, que consiste en mantener algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Y la tecnología in situ permite tratar la problemática sin necesidad de excavar ni transportar.    

Las actividades incluyen derribar viviendas que fueron levantadas en áreas contaminadas. La Unión de Afectados tiene un registro preliminar de, al menos, 50 familias que deberán ser desalojadas.

Acción Ecológica pone reparos al programa Amazonía Viva y asegura que su trabajo ha sido poco efectivo en las zonas donde opera.

Álex Almeida, coordinadora del área de petróleos, reiteró que la justicia ya responsabilizó a la empresa, por tanto debe responder con una reparación integral a las comunidades.

Si el Estado quiere reparar, agregó Almeida, debe empezar por completar la limpieza de las zonas que están bajo tutela de Petroamazonas, especialmente en los campos Libertador y Cuyabeno. “Son los que más pasivos ambientales tienen y los que más están dañando al ambiente y a la población”, dijo.

El programa Amazonía Viva apareció en 2014 con el objetivo de remediar la contaminación provocada por la explotación de petróleo.

Se constituyó para un período de 7 años y actualmente opera en siete áreas de las provincias de Orellana y Sucumbíos. La inversión social supera los $ 15 millones.  

Según el informe de gestión de 2018 de Petroamazonas, hasta ese año se eliminaron 830 fuentes de contaminación, se recuperaron 38.318 barriles de crudo y se remediaron 1,2 millones de metros cúbicos de suelo. 

Las tareas de limpieza tomarán varios años

Bacterias especiales, procesos químicos y técnicas de remoción de suelo son algunos de los mecanismos que pueden considerarse al momento de recuperar las áreas afectadas.

Fernando Reyes, miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros, señala que en la actualidad los procedimientos de remediación son más estrictos y eficaces que en los años de operación de Texaco. Sugiere que se convoque a las universidades para ser veedores del plan de intervención.

Sandra Jiménez, del Observatorio de Política Ambiental, respalda la iniciativa del Gobierno y señala que el proceso jurídico estuvo empañado por irregularidades en la Corte de Lago Agrio.

Jiménez comenta que existen parámetros internacionales de remediación por contaminación petrolera avalados por la Agencia de Protección Ambiental.

Además medidas de recuperación de la cobertura vegetal y repoblación de especies.

El especialista Bladimir Cerón agregó que dependiendo de los estudios de profundidad de los daños en el suelo se puede remover la tierra y procesarla en laboratorios especializados.

Sin embargo, advierte que el tratamiento será “complicado” porque la contaminación lleva décadas.

Los tres expertos coinciden en que las tareas de limpieza tomarán varios años hasta lograr resultados positivos. Es así que el programa Amazonía Viva deberá extenderse hasta recuperar todas las zonas afectadas. (I)