Preocupada por las constantes pérdidas de sus cultivos de maíz y fréjol, causadas por las sequías en la parroquia Imantag, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, hace un año Francisca Trujillo Espín contrató el seguro agrícola.

Por su hectárea de fréjol Francisca pagó a la aseguradora $ 15,25, pues conocía de antemano que el Estado -a través del Proyecto Agroseguro, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap)- cubre el 60% del valor de la prima neta.

“Durante 4 años he cosechado lo mínimo, pero ahora con la indemnización que recibí recuperé lo invertido y volveré a sembrar”, aseguró la agricultora, a quien en días pasados técnicos del Magap le entregaron un cheque de $ 440,30 por la pérdida de su cultivo de fréjol por la sequía.

Algo similar le ocurrió a Armando Armas Castillo, agricultor del recinto El Milagro, de la parroquia Concepción, cantón Mira, provincia del Carchi. Por la pérdida de su sembrío de fréjol, debido a la sequía, Armando recibió $ 756,49 de indemnización.

“Cuando no tenía el seguro agrícola perdía todo y me quedaba con deudas, ya que para sembrar solicitaba préstamos en bancos, cooperativas, incluso acudía a los chulqueros. Con el seguro ya me devuelven lo que invertí, con eso volveré a sembrar”, destacó Armas.

Francisca y Armando forman parte de los 97.208 agricultores que tienen asegurados sus cultivos en el país, mediante el Proyecto Agroseguro.

Paulina Silva, gerenta del proyecto, manifestó que el propósito es “implementar un sistema permanente de aseguramiento productivo subvencionado por el Estado, en beneficio de pequeños y medianos productores agropecuarios y pescadores artesanales, a través de la transferencia del riesgo económico y técnico a una operadora de seguros”.

Los beneficiarios de este proyecto son pequeños y medianos productores de arroz, banano, caña de azúcar, fréjol, maíz duro y suave, papa, soya, tomate de árbol y trigo, indicó Silva. Hasta finales del año se sumarán los productores de quinua, café, cacao, plátano, cebada y haba. Además, en 2015 se contará con seguros forestal, pesquero y ganadero.

Los agricultores solicitarán la indemnización si sus cultivos son afectados por sequías, inundaciones, excesos de humedad, heladas, bajas temperaturas, granizadas, vientos fuertes, plagas y enfermedades incontrolables, incendios, deslizamientos y taponamientos.

El seguro cubre el 60% del valor de la prima neta. Son máximo $ 700  por agricultor y por ciclo de cultivo. En el caso del banano es hasta $ 1.500. Desde 2010, que inició el proyecto hasta octubre de este año, los 97.208 agricultores aseguraron, aproximadamente, 364.000 hectáreas de los cultivos mencionados, que representan un monto de aseguramiento de $ 1.246 millones.

Para Paulina Silva, 2 son los beneficios que reciben los agricultores: “recuperar los costos directos de producción invertidos en los cultivos afectados, sea por fenómenos climáticos, enfermedades y plagas” y “mejorar los ingresos de los agricultores”.

Los costos directos de producción incluyen la preparación de la tierra, compra de insumos (semillas, fertilizantes, fungicidas, otros) y pago de mano de obra. El seguro no cubre la cosecha, poscosecha, el transporte y la comercialización.

Para acogerse al beneficio, los agricultores asegurados no deben incurrir en algunas de estas causas: presentación tardía del aviso de siniestro (debe ser máximo 10 días después de presentado el evento); declaración errónea (ubicación del predio), no dar facilidad para la inspección, cambio de fecha de la siembra, y abandono intencional del cultivo.

Luego de presentado el aviso de siniestro, técnicos del proyecto y de la aseguradora verificarán los daños para establecer el tipo de pérdida, que son de dos clases: parcial, cuando el daño es menor al 85% de la superficie asegurada, y total, cuando supera el 85% de la superficie asegurada.

Hasta 2017 se espera que el 55% de agricultores esté asegurado, indicó el presidente Correa, en el enlace ciudadano que realizó desde  Los Ríos en mayo del año pasado. “El seguro agrícola era un plan piloto, pero queremos trabajar con el seguro público, el seguro Sucre, porque antes se trabajaba con una empresa privada que era carísima y que era una lógica monopólica de lucro”, apuntó.