Cerca de 3.800 cooperativas deberán a partir del 1 de octubre de este año iniciar el proceso de registro, adecuación  de estatutos y de otros procesos determinados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

El anuncio se realizó ayer tras informar que la Dirección Nacional de Cooperativas deja de existir y da paso a la regulación que realizará la Superintendencia que será el ente encargado de controla, expedir sanciones y otorgar la personería jurídica a las organizaciones (cooperativas, cajas de ahorro y bancos populares...) que se encuentren bajo el sistema de economía popular.

Doris Soliz, ministra de Inclusión Económica y Social, además anunció que dicha cartera de Estado deja de registrar a las organizaciones de finanzas populares y entrega la documentación correspondiente a la Superintendencia para que esta ejecute las funciones de ente regulador de las finanzas públicas.

Al respecto, Cecilia Vaca, secretaria técnica del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, añadió  que pasos, como la transferencia de información, la regularización de las organizaciones financieras,  el otorgamiento de personería jurídica y otros lineamientos responden a un proceso de consolidación de la Arquitectura de  Finanzas Populares.

La cifra exacta de cuantas organizaciones se registrarán y cuantos socios forman parte del sistema aún no se conoce y se establecerá cuando concluya el empadronamiento, dijo  Patricio Pérez, técnico del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El funcionario anunció que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia la plataforma web que permitirá que las entidades se registren en línea (www.seps.gob.ec), lo que permitirá abaratar costos.

Soliz recordó que al entregar las competencias a la Superintendencia también entrega una lista depurada de las cooperativas que permitirá continuar con el registro a unas y dar de baja a otras, entre ellas constan: 417 cooperativas de vivienda activas, 926 inactivas (2 años y más no presentaron registros de directivas o información), 1.839 cooperativas de transporte activas, 191 inactivas; 95  cooperativas de servicios activas, 82 inactivas; 385 cooperativas de producción activas, 748 inactivas; 78 cooperativas de consumo activas, 212 inactivas.

Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular y Solidaria, manifestó que con los listados no solo se regularán a las cooperativas de ahorro y crédito, “serán todas las instancias del sistema financiero popular las que ingresen al control de la Superintendencia”.

Proceso de transición

Ayer fue el último día que la Dirección Nacional de Cooperativas receptó trámites de las organizaciones financieras. Desde este 1 de octubre comenzará el proceso de transición que durará todo el mes, dentro del cual la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria recibirá los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del Consejo Cooperativo Nacional, así como la información de datos de las cooperativas.

A partir del 1 de noviembre se prevé la implementación del proceso de adecuación de los estatutos sociales de las organizaciones de economía popular y solidaria y el registro de todas las organizaciones del sector financiero y no financiero.

Jeannette Sánchez, ministra Coordinadora de la Política Económica, dijo que con los pasos dados hasta el momento se consolida un proceso que llevó 3 años  en ejecutarse, primero con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, la institucionalización de las organizaciones que conforman el sistema financiero de Economía Popular y el registro de las entidades financieras.

Freddy Pérez, presidente nacional de Cooperativas, reiteró que con la regulación de la Superintendencia se conocerá el número de cooperativas  y el manejo real de los activos evitando el fraude a socios.

Geovanny Cardoso, secretario técnico del Programa Nacional de Finanzas Populares, concluyó que las finanzas populares manejan activos por cerca de $ 2.685 millones y manejaría en proyección cerca de 5 millones de socios.