Quito y Guayaquil.-

La coyuntura económica, afectada por la caída de los precios del crudo y la apreciación del dólar, empuja a varios gobiernos del mundo a buscar capitales, tanto nacionales como extranjeros. Ecuador no es la excepción.

La Ley de Incentivos para Fomentar las Alianzas Público-Privadas (APP), que fue enviada ayer a la secretaría jurídica de la Presidencia, así como el Decreto Ejecutivo 774, que levanta la prohibición a futuros proveedores del Estado de tener asociación con paraísos fiscales, llegan como un intento de captar inversión.

Ayer el Ministerio Coordinador de la Producción explicó el funcionamiento de las APP a representantes y miembros de las cámaras binacionales de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá y España.

Los incentivos fiscales son el lubricante que pondrá en marcha el motor de la inversión, pues los proyectos gozarán por 10 años de exenciones al Impuesto a la Renta, al Impuesto a la Salida de Divisas (para créditos con instituciones extranjeras), así como de compensaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que los costos de la obra no se vean afectados.

En el tema de tramitología, la norma contemplará un artículo que permitirá derogar otros puntos legales que se opongan a la rapidez para obtener, por ejemplo, un permiso de construcción.

La ministra del ramo, Nathalie Cely, anunció que ya hay propuestas para la modernización de Puerto Bolívar (Machala, provincia de El Oro) y la construcción de la terminal marítima de aguas profundas de Posorja (Guayaquil, Guayas). La inversión bordea los $ 600 millones y $ 400 millones, respectivamente.

Inversionistas de Turquía (Yilport Holding) y Dubái (DP World), en su orden, son los interesados.

El tercer proyecto, que es un plan de vivienda en Quito que tiene una inversión de más de $ 1.000 millones, también se hará bajo este esquema, aunque, hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los empresarios por confidencialidad.

Las 3 propuestas de inversión bajo el esquema de alianzas público-privadas suman $ 2.000 millones.

Entre tanto, el presidente de la República, Rafael Correa, dispuso nuevas facilidades a través de la derogación de los decretos ejecutivos 1793 y 144, publicados en junio y noviembre de 2009, respectivamente.

El primero establecía, entre otros aspectos, la descalificación inmediata de los accionistas, partícipes o asociados con domicilios en los denominados paraísos fiscales. El segundo, hacía una serie de definiciones y modificaciones a la normativa 1793.

Los paraísos fiscales son definidos por el Servicio de Rentas Internas, como regímenes tributarios con imposición fiscal menor al 60% de la vigente en Ecuador, por el mismo concepto. En la normativa existe una lista de 89 sitios considerados como tales.

Entre los argumentos para la decisión gubernamental de revisar las normas están incrementar puestos de trabajo, incentivar el arribo de inversiones extranjeras y la transferencia de conocimiento y tecnología.

Acercamiento de empresarios

Para el analista y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, lo actuado por el Ejecutivo guarda coherencia con los acercamientos con representantes del sector productivo del país, con el fin de concretar alianzas. “Se demuestra una apertura de parte del Gobierno”, señaló, aunque los primeros resultados de esta resolución podrían reflejarse a finales de año.

Frente a la recesión económica mundial y la evidente escasez de divisas por la caída del precio del petróleo, el Gobierno tiene dos fuentes alternativas directas para salir a flote:deuda externa o inversión extranjera directa, dijo el analista económico Fernando Buendía.

Añadió, para lograr su efectividad se requieren medidas complementarias a la normativa 774, relacionadas al segmento productivo a donde se dirija la inversión, ya que la mayoría está colocada en los sectores minero y petrolero, y estos se han debilitado por la crisis global.

Ecuador ha dejado de percibir unos $ 7.000 millones en ingresos petroleros, según cifras oficiales. Cely reiteró que estos son factores externos, ajenos a la voluntad del Gobierno.

En el caso de las APP, el mayor reto para su viabilidad está en “compartir riesgos y ganancias” entre los inversores y el Estado, pues hay proyectos que son rentables y otros no. Preliminarmente se habló de subsidios cruzados, pero se descartó que sea un esquema tradicional de concesión como se plantea en la antigua Ley de Concesiones.

El modelo bajo el cual funcionarían estas obras será el de Construcción, Operación y Transferencia (BBT, por sus siglas en inglés), y que ha funcionado con éxito en otros países del mundo, comentó Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), aunque, a su criterio, sería esencial contar con mecanismos claros para resolución de controversias que puedan presentarse en el camino.

Sandra Vargas, miembro del directorio de la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio (Amcham), destacó que el Gobierno ha reaccionado “un poco tarde”, aunque positivamente con la intención de que el impacto de una recesión no sea tan fuerte. “Todos sabemos que estas situaciones traen desempleo e inflación”, dijo, pero las APP permitirían que los empresarios tengan un mecanismo de seguridad jurídica para invertir sus capitales en Ecuador. Insistió en que los cambios normativos frenan la inversión. (I)