En la zona del estuario de Muisne, 8.000 de las 13.000 hectáreas dedicadas a la actividad camaronera ocupan espacios declarados como territorio patrimonial. Estos se encuentran sobre la playa y la bahía y no pueden ser enajenados o recibir títulos de propiedad.

“Es imposible entregar títulos de propiedad como pretenden algunos productores haciéndose eco de propuestas de campaña de los candidatos de CREO, ya que son territorios que pertenecen a todos los ecuatorianos. No se pueden privatizar porque generaría conflictos con la comunidad”, afirmó Fabio Caicedo, inspector de control acuícola del Ministerio de Agricultura (Magap) en Esmeraldas.

Caicedo explicó que a finales de la década del 80 el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) expidió títulos de propiedad a inversionistas que llegaron a esa zona y empezaron a construir camaroneras a costa de la deforestación del mangle, lo cual se volvió incontrolable al pasar de los años por la falta de registros.

En el 2000, cuando el virus de la mancha blanca mermó la producción del crustáceo, el 30% de  fincas dejó de funcionar.

La enfermedad provocó el abandono de zonas deforestadas en Muisne que con la recuperación del sector a partir de 2010 empezaron a reactivarse, sin embargo tampoco existía información detallada.

Producto de ello se expidió un reglamento de concesión que autorizaba la explotación de las camaroneras en zonas de playa y bahía por 10 años. Los productores tuvieron inconvenientes, por ejemplo, en acceso a créditos, pues no contaban con una propiedad efectiva que les sirviera como garantía.

Ante el requerimiento, el Gobierno emitió el Decreto 852, que entró en vigencia el 18 de febrero de 2016, con lo cual las concesiones se fijaron en 20 años.

El artículo 72 de la Ley de Pesca señala que para dedicarse a la cría y cultivo de especies bioacuáticas en zonas de playa y bahía, al ser bienes nacionales de uso público, se requiere obtener una concesión para la ocupación de dichos espacios.

Roberto Pardo Quezada, productor de camarón en Muisne por más de 35 años, comentó que a partir de 1988 el INDA otorgó escrituras de estas áreas. El argumento fue que la ley consideraba que la zona agrícola empezaba donde llegaba la marea más alta. “Invertimos y compramos terrenos en estos sitios con escrituras, por eso nos sentimos perjudicados”, denunció Pardo.

El Decreto 1391 de 2008 indica que solo las escrituras anteriores a 1956 son válidas. “El Estado nos expropió el patrimonio que se había invertido y a cambio nos dieron una concesión, bajo la que laboramos alrededor de 200 camaroneros en esta zona”, dijo el productor. Aseguró que pagaba impuestos con regularidad, pero que a través del decreto se volvió a cobrar tributos por ocupación con 8 años retroactivo.

Adicionalmente, la ley prevé que la concesión puede ser renovada sin límite cada vez por otros 20 años, “con lo cual se disipa cualquier problema que puedan tener quienes se dediquen a esta actividad”, subrayó Caicedo.

La ley tiene fines ambientales

Otra de las razones para que no se entreguen títulos de propiedad en estas zonas, según Elvis Chávez, técnico del área protegida estuario río Muisne, es que cerca del 30% de la población rural del cantón trabaja en el mangle recolectando conchas, cangrejos, pesca artesanal.

En caso de un título privado se eliminaría el acceso de las comunidades a sus zonas de trabajo y, por otro lado, el Estado perdería el derecho a controlar el buen uso de esas áreas. “Además, una propiedad en estos sitios pondría en riesgo el libre tránsito de los pobladores”, dijo Chávez.

Señaló que son territorios prestados para que produzcan, pero si no la hacen de la manera adecuada “habrá que quitarlos”.

Con el Acuerdo 360, del 27 de junio de 2016, se reformaron los límites del manglar y zona marina del río Muisne, declarado refugio de vida silvestre en una extensión de 92.220 hectáreas, de las cuales 9.390 corresponden al sistema estuario, 4.662 del ecosistema manglar y 78.167 de zona marina. Debido a esto la deforestación del manglar está prohibida.

Caicedo recordó que existen zonas de playa y bahía que tienen piscinas camaroneras sin uso adecuado o que no renovaron la concesión.

El Gobierno también emitió el Acuerdo 067 para regularizar las actividades en las zonas de playa y bahía que se encuentren disponibles (que nunca hayan regularizado su explotación y que la infraestructura camaronera haya sido construida hasta 1999), y que sobre ellas exista resolución de reversión al Estado en firme.

Asimismo, la norma tiene por objeto entregar la administración de este tipo de predios a organizaciones sociales cuya principal actividad sea acuícola o pesquera, entre los requisitos consta que el 100% de socios a ser beneficiados debe estar en el umbral de la pobreza,  contar con 3 años de existencia jurídica, recibir capacitación institucional y un diagnóstico emitido por la Dirección Técnica del Viceministerio de Acuacultura.

Caicedo explicó que los predios de máximo 25 hectáreas se otorgarán a organizaciones locales. “Existían alrededor de 1.040 hectáreas sin regularizar, de ellas, cerca de 600 ya han arreglado su situación, pero hay cerca de 400 hectáreas que se podrían entregar a estas organizaciones sociales”.

El funcionario recalcó que la  concesión favorece a los antiguos propietarios, pues no tiene límite. “Estaban reclamando que fueron víctimas de ventas directas a través del INDA, pero ellos sabían de qué se trataba”.

Insistió que un ofrecimiento de dar títulos de propiedad resulta un acto demagógico. “El manglar es patrimonio del país, una medida contraria solo dañaría a la patria; el Estado debe preservar la flora y fauna y garantizar la correcta explotación de las camaroneras y el pago tributario justo”.

El río Muisne se alimenta de los esteros Bunche, Chontaduro, Bilsa, Barro, Satinga, Tortuga, Manchas, Cueval, Mompiche, Portete, Maldonado y Lagartera, que son zonas de manglar y hábitat de 253 especies: 25 mamíferos, 70 aves, 95 peces, 35 moluscos y 28 crustáceos.

El camarón es el segundo producto más exportado

Ecuador posee alrededor de 3.000 fincas de camarón extendidas en aproximadamente 210.000 hectáreas. Estas camaroneras que están localizadas en zonas agrícolas sí tienen escrituras.

De acuerdo con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, Guayas es la principal provincia productora de camarón. Aquí se cultivaron 138.000 hectáreas en 2015, equivalentes al 65,23% del total nacional. A continuación están El Oro, con 19,05%; Manabí, con 8,77%; y Esmeraldas, con 6,94%.

En 2016 el país vendió $ 2.580 millones en camarón, 13% más que en 2015, convirtiéndolo en el segundo producto de exportación no petrolera, según el Banco Central del Ecuador. (I)

Cerca de 200 camaroneros trabajan en Muisne en fincas concesionadas por el Gobierno y que se las puede renovar luego de 20 años. Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO