La conferencia técnica sobre la Undécima Ronda de Licitación Petrolera, desarrollada ayer en Quito, se convirtió en un escenario político, ya que se vio empañada debido a una protesta realizada por cerca de 50 personas convocadas por líderes del movimiento indígena.

La concentración convocada en los exteriores del hotel Marriot estuvo comandada por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango; el titular de la Ecuarunari (filial de la Conaie en la Sierra), Delfín Tenesaca; delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (Confenaie) y activistas ecológicos.

Tenesaca señaló que el motivo  de su movilización fue para rechazar una supuesta falta de socialización del proyecto de explotación petrolera a las comunidades que habitan en zonas de influencia  de los 13 bloques que formarán parte de la licitación propuesta por el régimen. “El Gobierno habla con un zápara y dice que ya ha conversado con la Confenaie, pero a la organización y líderes máximos no les consultan”, denunció el dirigente indígena en la capital.

Con el pasar de las horas los protestantes elevaron su agresividad hasta llegar al punto de intentar ingresar, por la fuerza, hasta la sala del hotel en donde se presentaba la licitación.

Este escenario derivó en  disturbios que generaron una respuesta por parte de elementos de la Policía Nacional, quienes tuvieron que dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Una vez que se retiraron, los líderes del colectivo indígena aseguraron que convocarán a una marcha nacional para rechazar la explotación petrolera. Sin embargo, ninguno de los presentes en los exteriores del hotel Marriot anunció una fecha para dicha movilización. 

Pástor responde con cifras de inversión social

Esta denuncia fue rechazada por el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, quien afirmó, durante la presentación de las rondas de licitación, que el proceso fue socializado con las comunidades amazónicas, las cuales participaron en una consulta previa.

El funcionario informó que, para obtener la opinión de los pobladores de las zonas de influencia,  se instalaron 45 oficinas permanentes  que organizaron 37 audiencias públicas, en las que participaron 2.517 ciudadanos y, además, se efectuaron  32 asambleas que contaron con la presencia de 2.220 personas.

El secretario de Estado también indicó que en los nuevos contratos se reafirmará la figura de “inversión social” que deberán desarrollar las empresas que ganen las licitaciones. Es así -explicó- que estas compañías deberán destinar $ 115 millones  hacia la comunidades que habiten en las cercanías  de los 13 bloques que serán explotados.

El proceso de licitación durará un año y los  contratos definitivos  se  firmarán en noviembre de 2013 bajo la modalidad de prestación de servicios, aunque con un esquema tarifario diferente al que tienen los acuerdos vigentes.