A una gran parte de ecuatorianos les enseñaron en la escuela que la palabra quichua “Yaguar” significa sangre y  “Cocha”, lago.

La conjunción de ambos términos da nombre a la laguna de Yaguarcocha (Imbabura), uno de los primeros lugares en los que se realizaron investigaciones arqueológicas para detectar un patrimonio subacuático en el país. 

A través de cronistas se sabía que este sitio, ubicado en el norte del país, fue donde se libró una batalla entre los incas, con Huayna-Cápac a la cabeza, y un frente unido de indígenas conocido como la confederación Caranqui-Cayambe-Pasto.

Según las crónicas, cuando Huayna-Cápac finalmente conquistó esos pueblos, masacró a todos los hombres caranqui de 12 años en adelante y arrojó sus cuerpos a Yaguarcocha, cuyo color se volvió rojo por causa de la sangre y de ahí el nombre del sitio. 

La laguna de Culebrillas, en El Tambo, es parte de la ruta del Kapak Ñan, o camino del Inca. Allí se encontró una concha spondylus, como ofrenda. Foto: cortesía Proyecto Kapak Ñan

El misionero español Bernabé Cobo escribe, en Historia del Imperio Inca que estos “ordenaron a sus hombres que les cortaran la garganta a los enemigos sin lástima alguna, ya que los habían cazado para luego lanzar sus cuerpos al lago”.

En el país, el patrimonio subacuático y los posibles vestigios que contenga han esperado mucho para ser reconocidos y puestos en valor, pues este proceso requiere un tipo de intervención distinta y más compleja que el patrimonio en superficie.

El 2 de noviembre de 2001, la Conferencia General de la Unesco adoptó la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Se trata de “una herramienta legal eficaz que permite proteger nuestra historia sumergida, a fin de evitar que sea saqueada o destruida”, relata la entidad.

Ecuador se adhirió a esa convención, pero fue en enero de 2009 que esta entró en vigor, con 48 estados como parte; 17 de ellos son de América Latina y el Caribe, con la mayor representación suscrita a la convención.

Antes de ese simposio, en 1993, Ecuador había concesionado el rescate de patrimonios en el mar a distintas empresas. De estas compañías, la Sudamericana Discoveries, Exdelmar, Restean S.A., Iniciar S.A. y Robcar extrajeron bienes culturales que actualmente son custodiados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). La mayoría de estos objetos son piedras y monedas de plata.

En 2006, después de suscribirse al Convenio, Ecuador exploró por primera vez la mítica Yaguarcocha y encontró, a través del trabajo de buzos y expertos “elementos líticos, utilizados en algún tipo de enfrentamiento”, según el arqueólogo del INPC, José Chancay. 

Después de ese hallazgo se hicieron exploraciones en la laguna Culebrilla, del cantón Tambo (Cañar), entre 2008 y 2009. En esa zona se halló vasijas de cerámica y una concha spondylus arrojada como ofrenda; testimonio del intercambio comercial entre los pueblos.

“Debe haber mucho más.  Esperamos en algún momento retomar esas investigaciones”, dice Chancay. El Instituto tiene en su registro hallazgos en la laguna de Buza, en Cuenca, y en la laguna de Ayllón, en Sígsig.

Un cronista de Indias registró la pérdida del barco La Capitana, en la ensenada de Chandy, en el mar del sur.

Habla de su llegada, el 2 de enero del año 1655, cuando aún intentaban sacar la plata “y aunque sacó mucha cantidad, ya no se podría sacar más”.

De acuerdo con Chancay, en las últimas dos semanas se han impartido talleres con la presencia de expertos internacionales y autoridades locales.

En estos han participado Saadia Sánchez Vegas, directora de la Oficina de la Unesco y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio; Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, especialistas de Argentina, España e invitados especiales.

“La arqueología subacuática no es visible; tenemos indicados puntos donde posiblemente ocurrieron naufragios en la época colonial y republicana. Hay que proteger estos sitios, establecer lineamientos. La protección se da en el sentido de impedir el acceso a ellos. El Estado ecuatoriano tiene todo para detectar elementos”, dice Chancay.

Sin embargo, los presupuestos para estas investigaciones no superan los $ 20.000 y dependen del tiempo en el que se planteen y el fin que tengan. (I)