Ecuador conmemora el bicentenario de la muerte del doctor José Cuero y Caicedo, quien entre 1811 y 1812 fuera presidente del primer Estado independiente de la América Hispana, el Estado de Quito, en medio de nuestra primera guerra de independencia.

Prófugo tras la derrota militar de Ibarra fue perseguido con la mayor saña por los españoles, que finalmente lo capturaron, lo despojaron de sus bienes y de la silla episcopal, y lo condenaron al destierro en España, para lo cual lo remitieron a Lima con guardia armada. En esa ciudad falleció de neumonía el 10 de diciembre de 1815, de 80 años, pues había nacido en Cali en 1735.

La imagen de Cuero y Caicedo ha sido maltratada por la historiografía revisionista, que ha querido ver en él un traidor a los intereses de la patria. Ha contribuido a ello el famoso documento secreto llamado “Acta de Exclamación”, que dictara antes de posesionarse de vicepresidente de la Junta Soberana de Quito, el 15 de agosto de 1809, y en el que explicaba las razones de su actitud y ratificaba su total lealtad y obediencia al rey de España.

Pero aquello debe ser entendido en su concreta circunstancia histórica. Cuero era un hombre de su época, educado en la fidelidad al rey y el respeto a la corona española. Presidía la más conservadora institución de su tiempo: la Iglesia.

Había sido designado obispo de Popayán, de Cuenca y de Quito por el rey de España, al que había ofrecido fidelidad absoluta. Y no había tomado parte en los planes conspirativos de los revolucionarios quiteños, sino que estos lo habían designado vicepresidente de la Junta Soberana de Quito sin consultar su voluntad ni la de la Iglesia que presidía. ¿En dónde, pues, la supuesta traición?

Lo sorprendente del caso es la posterior radicalización política de Cuero y Caicedo, debida a su directa constatación de los numerosos crímenes e incalificables abusos cometidos contra los revolucionarios presos y la población quiteña, el 2 de agosto de 1810, por las fuerzas represivas enviadas por el virrey de Perú.

Es ahí donde comienza su nueva actitud política, que lo llevará a denunciar ante las autoridades superiores los crímenes cometidos contra el pueblo de Quito, a exigir la salida de las tropas virreinales de la capital y a pedir perdón y olvido para los sucesos revolucionarios de 1809 y para sus responsables, extendiéndose esos beneficios a los culpables del asalto a los cuarteles el 2 de agosto de 1810.

Tras la llegada del comisionado regio Carlos Montúfar a Quito, el obispo participó en la nueva Junta Superior de Gobierno, sometida al Consejo de Regencia español, presidida por el nefasto conde Ruiz de Castilla.

Pero el pueblo de Quito, indignado con la masacre del 2 de agosto, se mostró inconforme con esa situación y, alentado por los radicales del bando político “sanchista”, efectuó protestas y motines que forzaron la renuncia de Ruiz de Castilla.

El 11 de octubre de 1810, el pueblo de Quito, reunido en Cabildo Abierto, designó a Cuero y Caicedo como presidente de la Junta de Gobierno de Quito y dispuso la convocatoria de un Congreso General de los pueblos del país quiteño para decidir su destino futuro.

Fue así que el 4 de diciembre de 1811 se instaló el “Soberano Congreso de Quito”, integrado por 18 diputados de las 8 provincias del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Pasto, Quijos, Canelos, Jaén y Mainas), que habían sido electos de modo público y directo por esas localidades.

Este órgano proclamó la existencia del Estado Soberano de Quito, independiente de todo otro país o nación y, de inmediato, eligió al obispo Cuero y Caicedo como presidente de la nueva entidad política y al Marqués de Selva Alegre como vicepresidente.

Convertido por voluntad del pueblo en líder de la revolución emancipadora, Cuero y Caicedo buscó restablecer la paz y negociar un pacto de no agresión con las autoridades españolas de las provincias vecinas de Guayaquil y Pasto. Firmó una alianza con el gobierno insurgente de las “Ciudades Confederadas del Valle del Cauca”, que presidía su sobrino Joaquín de Caicedo y Cuero. Y como los jefes españoles adelantaron desde el sur sus planes de guerra contra Quito, el obispo-presidente convocó a las armas a todos los hombres hábiles, animó a sus feligreses a luchar en defensa de su patria y dictó sanciones contra los curas o fieles que no apoyasen la causa patriótica o colaborasen con el enemigo.

Firmaba esos documentos con la denominación de “José, Obispo por la gracia de Dios, y por la voluntad de los pueblos Presidente del Estado de Quito”. (O)