La inquietud de al menos 80 gestores culturales y artistas que empezaron a recibir fondos concursables para la ejecución de proyectos, presentados en la convocatoria realizada en 2018, sigue latente este año.

El cambio de autoridades del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC) - Karol Crespo; Ronald Verdesoto y, a través de un concurso, Teresa Galarza- “ha incidido en que no se solventen los impasses en cuanto a seguimiento y pago de los proyectos beneficiarios”, manifestaron los artistas en una carta abierta.

En el documento aparece que el aporte designado para estos proyectos “no supera los $ 8 mil” y se critica que “la gestión no está en correspondencia con la remuneración que recibimos como gestores por estar 13 meses en la labor de hacer seguimiento (...) y volver a presentar informes”.

La discrepancia, como explicó Galarza a este Diario el 16 de enero de 2020, se da con la presentación de facturas. En una reunión que mantuvieron el 10 de enero representantes del IFAIC y los gestores, los últimos pidieron asistir a las reuniones de la comisión interna que trata este tema y que avaló el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Pero para ello deberán definir un representante, dado el “carácter ejecutivo” de las reuniones, señala la actual directora del IFAIC. Entre tanto, la ejecución de varios proyectos ha sido aplazada y varios de sus responsables insisten en que se debe definir un “protocolo para el desarrollo y evaluación” de estos, pues están pagando un “alto costo” y se han “perjudicado los derechos laborales de los trabajadores de las artes”.

“Pedimos que haya un cronograma de pagos, que se ponga un plazo para dar soluciones al problema”, resume Tanya Sánchez, artista escénica e integrante del colectivo La Insensata. Y la Red de Espacios Escénicos pide “el pago del 20% restante a los proyectos que tienen acta de finiquito”.

Miguel Aillón, director de Seguimiento a la Gestión Cultural del IFAIC, admite que hubo inconsistencias en las bases, pero “se ha asumido el reto de generar un grado de responsabilidad dentro y fuera del instituto, pues se trata del uso de fondos públicos y tenemos que aclarar esto para que los beneficiarios estén tranquilos y puedan cerrarlos”. (I)