“En 2016 ya habrá una Ley de Cultura”. Así lo ha dicho el ministro de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long, desde que asumió la cartera de Estado, en marzo de 2015. Es el séptimo en ocupar el cargo en 8 años y mover las piezas para cumplir con el mandato establecido en 2008 en la Constitución de Montecristi. A Long se ha sumado como respaldo la voz del ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Aráuz, y la del mismo presidente de la República, Rafael Correa.

Desde la Asamblea Nacional, donde se encuentra el proyecto de Ley Orgánica de Culturas desde su primer debate, el 8 de diciembre de 2009, se ha reconocido como una deuda legislativa su aprobación, a pesar de que, según la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, este ha sido un tema prioritario en la agenda desde 2013.

En los últimos 6 meses la cartera de Cultura ha gestionado un acercamiento a la Asamblea Nacional, enfocándose en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para “desentrampar la ley”. “Estamos sugiriendo cambios para cumplir con el mandato constitucional y tener una ley que ordene el sector tras el caos en el que ha estado inmerso”, dijo Long en una entrevista para el portal ecuadorinmediato.com.

La comisión estaría esperando estos aportes para trabajar un nuevo informe de lo que sería la Ley de Cultura y tratarla en segundo debate. Se han anticipado ya varios factores determinantes. Muchos de ellos serían aportes directos del Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, que plantea ordenar el Sistema Nacional de Cultura, fortalecer la institucionalidad en los territorios y garantizar un  acceso democrático a los fondos concursables y  a las actividades que desarrolla el sector.

En la actualidad hay más de 17 cuerpos legales que norman las instituciones de Cultura. Entre estos se encuentra la Ley de Cultura aprobada en 1984 por el presidente Osvaldo Hurtado. Están también la Ley de Patrimonio Cultural codificada en 2004, la Ley de la Cámara Ecuatoriana del Libro aprobada en 1978; así como otras más antiguas, como la Ley de Creación de la Casa de la Cultura, que data de 1944.

“Existen muchos marcos normativos que son contradictorios entre sí y previos a la Constitución de Montecristi. Eso hay que ordenar”, dijo Long, y agregó que el ministerio que él lidera no puede trabajar en política pública sin una adecuada institucionalidad.

La futura Ley de Cultura deberá, además, respetar las propuestas de la Consulta Prelegislativa del Proyecto, cuyos resultados se presentaron en la Asamblea Nacional, en 2013.

Entre las propuestas se destaca “proteger la propiedad intelectual de las nacionalidades y pueblos en la música, prácticas ancestrales, formas de agricultura, gastronomía vestimenta e idiomas”. Se agrega “promover la investigación desde el Estado para que realmente determine las nacionalidades y pueblos que existen en el territorio ecuatoriano”. A su vez, se hace énfasis en que se establezca un financiamiento continuo para el ejercicio y difusión de las manifestaciones culturales y para el desarrollo de la libertad de creación.

Puntos críticos

De acuerdo a lo anunciado por el presidente Correa y el ministro Long en octubre, la ley ordenaría a las dependencias del sector a través de cinco subsistemas.

Entre estos  se destaca el de memoria y patrimonio, y el de las artes e innovación. Dentro del primero se agruparían el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Instituto de Memoria Social. Los 14 museos y centros culturales que son dependientes de la cartera de Estado estarían articulados en este subsistema, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados.

El subsistema de artes e innovación agruparía el Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, con el cual se ordenaría la gestión de las orquestas sinfónicas, la Compañía Nacional de Danzas y Teatros; además, el CNCine y la Casa de la Cultura.

Uno de los puntos críticos que tendría la ley -y en el cual ya se ha anticipado la gestión- es la entrega de fondos concursables. Este año, la cartera de Estado entregó 1’664.000 dólares a 125 proyectos en todo el país, distribuidos en 5 disciplinas. A pesar de que estos recursos se entregan desde 2007, este año su organización permitió la participación de una mayor cantidad de proyectos. Los fondos se asignaron por cuotas demográficas, de acuerdo al orden establecido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), y no por provincias, como se realizó en años anteriores.

Otra de las expectativas de la nueva ley tiene que ver con la seguridad social. Se espera que el proyecto garantice el acceso universal de los artistas a este derecho y se establezca un escalafón salarial.

También se espera que uno de los beneficios de los subsistemas sea el de la educación formal y continua en artes, cultura y patrimonio.

El debate de la Casa de la Cultura  

Dentro del debate de ordenamiento del Sistema Nacional de Cultura, uno de los puntos más polémicos ha sido el estatus que tendría la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), con su matriz y 23 núcleos.

Long ha acordado que se debe respetar su autonomía, con “rendición de cuentas, uso responsable de los fondos y propuestas de calidad”. Sin embargo, la institucionalidad de la Casa de la Cultura estaría supeditada al Ministerio de Cultura y Patrimonio “como ente rector, regulador y controlador”.

Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa, comenta que la expectativa respecto a lo que sería la próxima Ley de Cultura es de “incertidumbre”. “El ministro Guillaume Long nos ha informado sobre su parecer de que en su esquema se suprimiría la Casa Matriz (que es donde nació bajo la filosofía de Benjamín Carrión), es decir su carácter nacional, y que los 24 núcleos pasarían a depender del Ministerio de Cultura, lo que me parece un despropósito, pues, como dice Abdón Ubidia, ‘se dinamitaría la Casa de la Cultura fragmentándola en 24 autonomías’, perverso modo de suprimirla”.

Long ha sido claro respecto al tema. Ha dicho que el ministerio que representa se hará cargo para “no tener rectorías solapadas con otras instituciones ni clientelismos nefastos (...). No podemos tener un escenario en el que el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) jueguen el mismo rol”, indicó durante uno de los debates desarrollados en la Asamblea en noviembre pasado.

Otro de los puntos por los que se busca redefinir el estatus de la Casa de la Cultura es la asignación de fondos. Una de las críticas es que la matriz tiene más del 50% de presupuesto asignado. Según ha dicho Correa, con el nuevo ordenamiento jurídico la asignación de fondos estaría dada por indicadores de desempeño y no un monto fijo, como se establece en la actualidad.

La CCE, no obstante, ha buscado defender fundamentalmente tres aspectos. Según Pérez, se destacan: que la Casa  continúe con su carácter nacional dentro del Sistema, cuyo ente rector es el Ministerio de Cultura y Patrimonio; que se respete su autonomía, es decir la posibilidad de autogobernarse dentro de las políticas del marco normativo; y que pueda elegir democráticamente sus propias autoridades bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral.

Long -además- ha manifestado la decisión de cerrar las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura, “porque la CCE debe hacer el trabajo territorial, y si Pichincha tiene un núcleo en la Casa, se tomará en cuenta su peso demográfico e infraestructura para presupuestarlo”.

En enero se retomarían las reuniones para el tratamiento de la ley que se espera aprobar el primer trimestre del próximo año, según Raúl Abad, presidente de  la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología. (I)