Los retos de la ley son los retos de la sociedad

Inevitable pensar, a esta altura de la actual administración, que el ámbito de la cultura presenta más pasivos que activos. Si la Revolución Ciudadana ha transformado el sistema educativo nacional, el sistema de salud, el sistema de seguridad, la matriz energética y la red vial nacional, entre otros sectores, no podemos decir lo mismo del campo de la cultura. Y no es que no se haya dado pasos positivos. Entre los activos podemos sumar la propia creación del Ministerio de Cultura, la realización anual de los fondos concursables, la implementación de la Ley de Cine, el decreto de emergencia del Patrimonio Cultural, las Ferias del Libro y la creación de la Universidad de las Artes, entre los más visibles, sin embargo no se ha implementado la reestructuración total de un sector capital para el futuro del país. Ha habido cambios, pero en cultura no ha habido revolución.

Como síntoma de aquello aparece la Ley de Cultura, o de culturas, que sigue sin ser debatida en la Asamblea. La deuda constitucional ha ampliado su plazo durante varios años más de los previstos. Será un deber para 2016. 2015 cierra, de manera inevitable, con ese saldo rojo.

No se trata únicamente de articular una institución como la septuagenaria Casa de la Cultura, y cada uno de sus núcleos, a una dinámica moderna, cosmopolita y abierta, en verdad democrática y transparente, sino de definir cómo esa sociedad del conocimiento que ha planteado el Gobierno Nacional va a entender el proceso de la creación y circulación artística a través del libre acceso a los bienes culturales. Es decir, la ley deberá dibujar una cancha donde quede claro cuál es el espacio reservado para el mercado. La privatización del conocimiento ha sido, con toda razón, objeto de crítica por parte del presidente Correa. Sin embargo, ese debate que toca de carambola los derechos de autor y las regalías para el arte no aclara si la gratuidad será la norma para toda expresión artística y cultural producida en Ecuador. Si es así, el Estado asumirá un peso que difícilmente podrá sostener, pues la demanda de recursos será inmanejable. La política de la gratuidad ha generado un escenario complejo para los artistas nacionales que, al mismo tiempo, ven cómo  el público nacional sí dispone de recursos para comprar costosos tickets de artistas extranjeros que se presentan en el país.

Podría añadir la pregunta de cuál será el rol reservado para las administraciones locales en materia de fomento y circulación del arte y la cultura, así como para la protección del patrimonio, bajo el prisma de una realidad en la que muchas municipalidades ni siquiera pueden asumir la gestión del tránsito. Sin embargo, es hora de dar un paso adelante para empoderar a la ciudadanía en este desafío. ¿Qué decir sobre la interculturalidad y la plurinacionalidad definidas en nuestra Constitución?

Una cosa es cierta. La futura Ley de Cultura, o de culturas, dejará dibujado un territorio para el ejercicio administrativo de la segunda etapa de este proceso transformador. Será el futuro gobierno el que muestre los resultados de una ley que solo entrará en plena vigencia a partir de 2017. No planteo la opción de que un gobierno de derecha lo haga, no solo porque políticamente esa opción es remota, sino porque, si eso llegara a suceder, hará tabla rasa de lo hecho y lo por hacer. 2016 será un año de definiciones. (O)