El veto presidencial a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) entregado a la Asamblea Nacional, la semana pasada, pidió derogar el artículo 98 que durante los cinco años de vigencia promovió el crecimiento de la industria audiovisual.

Ante su modificación en el proyecto aprobado por el Legislativo, el sector audiovisual de Ecuador convocó varios plantones y acercamientos al Gobierno.

Tras el veto, vuelven a exigir que se mantenga el articulado vigente, postura a la que ayer se allanaron 6 de 9 miembros de la comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Ahora faltaría abordar el tema en el Pleno.

En el inciso se prohibió la importación de piezas publicitarias producidas por empresas extranjeras. Solo una parte de las productoras que hacen publicidad facturaron más de  $ 100 millones en este campo desde 2013.

El articulado vigente estipula que la publicidad difundida en el país “se produzca por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en Ecuador”.

El veto presidencial sostiene que “(...) Ecuador ha asumido diversos compromisos internacionales con la suscripción de tratados y convenios que prohíben incorporar en la legislación nacional restricciones como la prevista en este artículo”.

Jan Vandierendonck, director del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), cree que posiblemente para países de la CAN —Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador— estos temas son excluyentes. 

“La Presidencia pudo haber sido más sutil y decir que se continuaba con la prohibición de importar publicidad, pero excluía a los países de la CAN, respecto a otros países no hay ninguna razón por la que no se pueda mantener la prohibición”, dijo Vandierendonck. 

El presidente colombiano, Iván Duque, envió un comunicado al Gobierno en el cual sostiene que este inciso es proteccionista. Sin embargo, el fomento que tiene la industria colombiana en audiovisuales no es comparable con Ecuador.

En 1986 Colombia puso una reserva de mercado que prohibió la entrada de comerciales de televisión extranjeros.

En un comunicado del sector firmado por nueve asociaciones, en el que se convocaron a un plantón realizado el jueves en los bajos de la Asamblea Nacional, dicen que estos compromisos internacionales a los que se refiere el veto tienen reservas y excepciones.

Para el productor audiovisual Roberto Sempértegui, “con certeza se condena al cierre a más del 50% de empresas productoras de televisión ecuatorianas, el trabajo de nuestros creativos publicitarios y al desempleo a los cientos de estudiantes de las carreras de Cine, Multimedia, Animación y Producción”.

Andrés Michelena, secretario general de Comunicación de la Presidencia, dijo en una entrevista en Pública FM que la Ley de Comunicación anterior incorporó temas de producción, publicidad, telecomunicaciones, que deben tener sus propias leyes. “Hemos propuesto reformas en ese sentido: una ley de fomento cultural, de telecomunicaciones, de medios públicos”, dijo.

Daniel Andrade, uno de los representantes del sector, considera que “si tenían la intención de crear leyes que reemplacen, completen o planteen de maneras distintas los estímulos a la publicidad, deberían haber empezado a formularlas mucho antes. Y se deberían haber trabajado en mesas con el sector”.

Agrega que los tiempos de futuras leyes solo complican el panorama. “Una derogación del artículo puede dejar al sector en indefensión por ese tiempo al menos. Y se van a cerrar muchas empresas con una precarización del ramo”.

Otro de los pedidos del sector era especificar en el artículo 36 la necesidad de que “todos” los medios difundan contenido intercultural. El veto sostiene que “la LOC se constituye en una norma de control que sobrepasa los estándares internacionales”.

Suprime de manera definitiva el deber de “todos” los medios para difundir “contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5%”.

En cuanto a la periodicidad se propone una difusión como “contenido comunicacional, bajo los parámetros que establezca el reglamento”.

Para el gremio, estos cambios vulneran el artículo 19 de la Constitución, en el cual se establece la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, que son regulados por la ley.

Los cineastas dialogaron con el presidente Moreno en junio de 2018, quien se comprometió a fortalecer el sector. Ante las propuestas en el veto, que deberán ser revisadas por la Asamblea, los representantes de las asociaciones de trabajadores del audiovisual se declaran en emergencia. (I)