La censura al arte no ha cesado. En el lapso de un mes  dos episodios provocaron preocupación en el gremio artístico, especialmente a los que se dedican al teatro.

El recordado escándalo de la clausura de Pop Up, en Samborondón, y el ocurrido el fin de semana anterior -en la capital- a  petición de residentes de Tumbaco que exigen el cierre de La Insensata, son temas que generaron   controversia.

En estos casos ha regido un patrón similar de presión: el primero, con la manifestación de extremistas religiosos que se sintieron agredidos por el afiche promocional de la obra El santo prepucio; y el segundo, por la injerencia de los vecinos de un local cultural, aperturado con los permisos legales, que consideran que el ruido que generan afecta la paz de su sector.

Ante estos sucesos surge la inquietud y opinión de algunos propietarios de salas de teatro de Guayaquil contra este tipo de manifestaciones con violencia y agresión.

La directora del teatro Martenot, Alejandra Paredes, dice estar impresionada por estos eventos en los que se   evidenciaron una falta a la privacidad de los dueños de los locales implicados.

“La clausura que vendría a ser sinónimo de censura en estos tiempos me parece algo inaudito y descabellado. Nosotros vivimos en un Estado laico donde la Constitución ampara el libre ejercicio de las diferentes religiones, creencias y culturas y por nada del mundo ni por ningún argumento legal eso se podía censurar ni se podía clausurar, jamás”, sentencia la intérprete de Penélope Cruzeta.

Ella indica que si todos los permisos y documentos están en regla, no se obliga a ninguna persona a presenciar una obra porque “uno paga por ver esa opción”. Y recalca que cada sala se reserva su derecho de admisión.

“No por ser artista y yo quiero presentarme aquí es obligatorio que me des. Estamos en un país libre”, opina Paredes, quien además está en desacuerdo con una regulación a la que podrían estar sujetas las obras.

Angelita Chavarría, actriz y propietaria de Charlot, asegura que este freno a la libre expresión artística no es de ahora. Como ejemplo, reseña lo sucedido en el Salón de Julio, cuando en 2009 se agregó a las bases del concurso una cláusula que prohíbe el contenido de obras de sexo implícito.

Sostiene que el arte como forma de expresión debe estar presente, aunque ciertas temáticas vulneren los pensamientos de personas que no están acostumbradas a este tipo de obras.

“El arte se encarga de eso, de transgredir reglas ya establecidas y creo que lo que ha pasado para los dueños de Pop Up terminó siendo algo bueno porque marcó un precedente, no solo en estos lugares culturales sino en el público en general”.

Lucho Mueckay, director del Centro Cultural Sarao, sugiere que hay que priorizar el diálogo y evitar a toda costa la violencia y el escándalo. Mas le inquieta la idea de que una instancia municipal se encargue de determinar el valor de una pieza teatral. “Pienso que una obra se tiene que ver desde las edades y no desde el punto de vista moralista, porque hay para niños, adolescentes, adultos y para quienes tienen mentalidad abierta. Entonces para mí, es técnico, a tal edad le corresponde un tema”.

Pero si se diera el caso de que exista un “equipo técnico municipal”, Mueckay duda de la capacidad y conocimientos para determinar la censura, pues cuestiona: “¿Quién calificaría a los que califican una obra?”.

Para la chilena Jacqueline Gaete, propietaria de Viñarte,  este tema debe ser entendido  por la forma en que se entrega al teatro a una sociedad que aún no conoce el fondo de esta actividad artística.

Sugiere socializarlo de una manera más pausada y recomienda a la ciudadanía “tener cuidado en cómo juzgar el trabajo (teatral) porque hay profesionales que en realidad están tomándose su tiempo para entregar esa pasión y no es justo que se vea trucado de esta manera”.

El director teatral Jaime Tamariz, fundador de Microteatro Guayaquil, lamenta y rechaza las manifestaciones a favor de la censura con violencia y agresión. Aunque sostiene que se trata de grupos específicos, sin tratarse de una excesiva represión.

“Creo que nuestra ciudad está teniendo un momento de crecimiento y justamente donde se han dado muchos más espacios para los escenarios”, manifiesta este productor, quien aconseja solucionar este episodio como una comunidad que promueva el respeto.

“Nunca nadie debería decirle a un artista qué hacer porque se perdería el sentido completo del arte en sí”, puntualiza Tamariz. (I) et

“Hay recursos que la ley tiene y que no conocemos” 

A Fernando Naranjo, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, le preocupa que la ciudadanía considere normal el censurar un espacio y que los artistas no se empapen de la ley para usarla a su favor.

“Hay una interrupción deliberada al derecho que tienes de trabajar y eso está tipificado en la ley; aquí hay un delito y hay recursos que la ley tiene y que no conocemos”, sostiene el funcionario, quien organizó el conversatorio Del Arte de la censura a la censura del arte, el pasado 16 de enero en la entidad. En la charla se expuso que quienes clausuraron el teatro Pop Up incurrieron en el delito de discriminación, señalado en el artículo 176, sobre Delitos contra el Derecho a la Igualdad, de la Ley Orgánica de Cultura: “La persona que (...) propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo (...) con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Por ello, Naranjo quiere ofrecer a actores y gestores culturales una forma de libre expresión, pero de contenidos que tengan calidad y puedan comunicar. (I)