Washington.-

Venezuela, Ecuador y Nicaragua criticaron ayer la propuesta para su propia reforma que presentó la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que miembros de la sociedad civil defendieron al organismo ante lo que consideran intentos de debilitar su labor.

Durante dos audiencias en Washington, representantes de Estados de toda América y miembros de 67 ONG e instituciones de derechos humanos se pronunciaron sobre el documento que emitió la CIDH en respuesta a las recomendaciones aprobadas en enero por los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La representante alterna de Venezuela ante la OEA, Carmen Velásquez, centró su crítica en el capítulo IV del informe anual de la CIDH, conocido popularmente como su “lista negra” y que señala a los países del continente que no cumplen en derechos humanos, en el que en 2011 incluyó a Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras.

“El capítulo IV perturba e impide un diálogo entre la CIDH y los países y revela un empeño en denunciar selectivamente a una serie de países”, apuntó Velásquez, al lamentar que el organismo rechazara ampliar el apartado para que abarque a todos los Estados de la OEA.

Por su parte Ecuador puso en tela de juicio la reflexión de la CIDH sobre su propia reforma y su capacidad de decidir si acepta o no unas recomendaciones que, por ahora, no son vinculantes. “El Ecuador ratifica que corresponde a los Estados miembros decidir sobre tan trascendental tema”, apuntó la embajadora ecuatoriana ante la OEA, María Isabel Salvador, quien advirtió que su país “no aceptará un proceso paralelo que pretenda sustituir el iniciado por los Estados miembros”.

El representante de Nicaragua, Denis Moncada, propuso dejar sin efecto el capítulo IV, por ser de naturaleza discriminatoria y susceptible de manipulación política. También defendió unificar el informe anual para que el trabajo de todas las relatorías esté  en  un solo texto. 

Mientras los representantes de EE.UU., Canadá, Perú, México, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala y Panamá apoyaron en términos generales la respuesta de la CIDH y valoraron su esfuerzo de consulta a la sociedad civil.

Carlos Quesada, representante de Global Rights, consideró que "el actual proceso de fortalecimiento (de la CIDH) lo que en realidad busca es su debilitamiento" y pidió que el organismo privilegie "la protección por encima de la promoción" de derechos humanos.

El presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, pidió que se tenga en cuenta la escasez de recursos del organismo.