Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó este viernes una visita de cuatro días a Uruguay, coincidió con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en tildar de "infrahumanas" las condiciones de las cárceles uruguayas.

"Están en condiciones que no son humanas, en condiciones infrahumanas", afirmó en una rueda de prensa el relator especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, después de una visita en la que se reunión con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, entre otras autoridades.

El funcionario hizo hincapié en la situación del complejo carcelario Santiago Vázquez, ubicado a las afueras de Montevideo, donde aseguró que la situación es "verdaderamente grave" y se produce "una violación generalizada de los derechos humanos".

"No es posible que se tenga a seres humanos en cloacas prácticamente, expuestos a las aguas que brotan de las cloacas, aguas sucias, en una situación de humedad, intemperie, hacinamiento", denunció.

Escobar dijo, sin embargo, haber visto "una voluntad por parte de las autoridades por propender (inclinarse) por solucionar los problemas y hay una sensibilidad frente al problema penitenciario".

Además, se negó a comparar lo que sucede en Uruguay con otros países latinoamericanos o caribeños, aunque dijo que en general la situación en la región es "dramática", con sobrepoblación, falta de profesionalización del personal carcelario y una atención sanitaria deficiente.

Para el comisionado de la CIDH, que encabezó una misión formada por él y otra persona y que visitó cuatro cárceles y varios centros de menores, el desafío del Estado uruguayo "es muy grande".

Se necesita, sostuvo, un cambio "estructural" en los sistemas penitenciario, de justicia y legal, basado en políticas integrales y en un incremento de los presupuestos, no solamente en construir nuevas cárceles.

En marzo de 2009 el entonces relator especial de la ONU sobre Tortura, el austríaco Manfred Nowak, indicó en una visita al país que en los penales locales se registraban violaciones a los derechos humanos "a gran escala" y que las condiciones eran "infrahumanas" y "un insulto a la dignidad de los reclusos".

El informe de Nowak causó una confrontación entre la oposición y el oficialismo, representado por el izquierdista Frente Amplio, que lanzó una serie de medidas para paliar ese déficit que asegura haber heredado de anteriores administraciones.

Una de ellas fue la construcción del penal de Punta de Rieles, que el pasado 15 de junio recibió una breve visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, invitado por el Gobierno uruguayo durante un viaje al país del diplomático coreano.

Ban remarcó los esfuerzos de las autoridades por mejorar la situación y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, le cursó como contrapartida una invitación para que el sucesor de Nowak, el argentino Juan Méndez, revise de nuevo el sistema penitenciario uruguayo.

Escobar se refirió hoy precisamente al informe de Nowak para señalar que una de las denuncias del relator especial de la ONU, relativa al maltrato que sufrían los presos y sus familiares por parte de los celadores, parece haber sido atendida por Uruguay con un cambio en el comportamiento de los vigilantes de los presidios.

Consultado sobre el proyecto de ley lanzado este año por la oposición para bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años, abogó mejor por desarrollar los programas de rehabilitación de los jóvenes.

En la práctica, reveló, adolescentes de entre 13 y 16 años ya están recluidos en los centros de menores existentes en condiciones similares a las de los mayores de edad. E