Hace pocos días, la Unión Europea (UE), principal socio comercial de nuestros productos pesqueros, impuso “tarjeta amarilla” a Ecuador por no garantizar que sus productos provengan de prácticas legales de pesca.

Si bien la “tarjeta amarilla” representa un llamado de atención al Gobierno ecuatoriano y no una restricción al ingreso de nuestros envíos pesqueros por parte de las autoridades europeas, sí puede originarnos una contracción del mercado y fluidez del mismo.

Antecedente: La UE lleva años abanderando, ante el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), acciones para desalentar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada.

Dentro de las solicitudes hechas por el bloque europeo a los terceros países (exportadores o proveedores de productos pesqueros), está la implementación de un Sistema Adecuado de Inspección y de Trazabilidad que monitoree la pesca desde la embarcación, descarga, procesamiento y comercialización.

Estos requisitos también fueron planteados por Estados Unidos, otro mercado importante para nuestro país.

Soluciones: El Gobierno debe definir un plan de acción que financie al Viceministerio de Acuacultura y Pesca para contratar el número de inspectores que se necesitan y capacitarlos. Paralelamente, es recomendable retomar el Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura, acompañado por este grupo de inspectores.

Finalmente, deberían establecer un plan de trabajo con la UE que permita al país desarrollar y fortalecer las áreas que se requieran para cumplir con los requisitos de nuestros mercados de destino. (O)

Pilar Proaño
Experta en el sector pesquero