Imbuido en mi afán de contribuir cívicamente y con la determinación de que, participando en los programas de cambio, velo por mis intereses y los del país, intento hacerme de una cocina de inducción. Ahora, después de dos visitas de personeros de la Empresa Eléctrica Quito, tengo serias reservas de hacerlo. Siento que la motivación asumida no es suficiente. Siento que, en lugar de obtener facilidades de acuerdo a la promoción gubernamental, tendré obstáculos que serán difíciles de vencer mientras más velados estén y más ladinamente sean comunicados.
Expresiones, información según el decir de los acuciosos funcionarios de la EEQ, como las de: “si quiere una buena cocina”, “los cables que la empresa instala no son lo suficientemente recomendables para una cocina de mayor potencia”, “con un poco más de costo con un electricista de su confianza se puede poner cables de mayor resistencia”, “nosotros le ponemos la instalación, pero le hacemos unos cuantos huecos en la pared”, y así por el estilo; con estos y otros pronunciamientos logran desmotivar y alertar negativamente a cualquier ciudadano que cree a pies juntillas las diarias declaraciones de los funcionarios del Gobierno sobre las ventajas de las cocinas de inducción y lo fácil que son de instalar.
Si a esto se añaden los ejemplos de lo que otros ciudadanos han decidido instalar con su asesoría y que son acuciosamente incorporados a su ‘información’, tenemos el panorama lo bastante claro para concluir que es posible que exista un deliberado propósito de promover el desistimiento de cambio, al menos con la intervención directa de las empresas estatales de electricidad, lo cual, a más de lamentable, despierta sospechas. ¿Los técnicos de la Empresa Eléctrica son capaces de instalar las cocinas con un solo tipo de cables? Si es así, se comete un tremendo discrimen y es un error de mercadeo imperdonable.
Otro aspecto que me llamó la atención: los dos que me visitaron se transportaban en vehículos particulares, con rótulos plásticos de identificación, Grand Vitara 5 puertas, presumiblemente rentados a personas naturales que evidencian un terrible desperdicio de recursos. ¿A qué personas se les renta los vehículos? ¿Cuánto pagan mensualmente? ¿Es necesario que cada uno de los técnicos visitantes se transporte en vehículo unipersonal con chofer propio? ¿Existen concursos de precios para rentar la flota?
En mi modesto criterio, dada la prioridad que el Gobierno otorga al programa en cuestión, lo trascendente del mismo y el futuro económicamente positivo de la medida para el Estado, se abusa sin compasión con el desperdicio de recursos económicos. Si alguna autoridad lee estos comentarios, por favor, pónganle el interés que el caso amerita y ¡ojo!: se puede estar creando una percepción ciudadana que no favorecerá al cumplimiento del propósito determinado. Por favor, tomen acciones; el país y nosotros, los ciudadanos, lo agradeceremos.
Kléver Medina Alvarado
