Desde el 15 de enero de 2007, fecha en que asumió la Presidencia de la República el Econ. Rafael Correa Delgado, comenzó una nueva era para el país con la profunda y gran transformación social a favor de las clases menos favorecidas, así como por la extraordinaria obra vial, hospitalaria, educativa, etc.

También se iniciaron, a la par de este cambio, las críticas mendaces y negativas en contra del Presidente de la República, pero no solamente se ha dado esta situación, sino que también se ha incurrido en las injurias y agravios con las que se ha tratado de ofender la dignidad y el honor del Primer Mandatario, epítetos que el pueblo ecuatoriano los ha leído y los ha escuchado en varios medios de comunicación.

Ante tantas injurias que  ofenden su honor y dignidad, el Presidente de la República, haciendo uso de la facultad constitucional, ha presentado juicios por daños morales en contra de quienes, según su criterio, lo han ofendido.

Por estas demandas se ha hecho un terremoto de escándalos, actitudes interesadamente equivocadas, ya que nadie -sea persona natural o jurídica- está sobre la Constitución y las leyes de la República, llámese como se llame. Si no han ofendido al Presidente, la demanda será declarada sin lugar por el juez competente, y si se prueba el daño que han cometido tendrán que pagar la indemnización que judicialmente se les regulará.

El honor y la dignidad son derechos de todas las personas naturales, ecuatorianos o inmigrantes, tal como lo establece el artículo 66, numeral tercero, literal A y el numeral 18 de la Carta Política del Estado, por lo tanto, todos los ecuatorianos e instituciones privadas o públicas tenemos el deber insoslayable de respetar el honor y la dignidad de cada persona, por muy pobre o modesta que sea. Y cuando medios de comunicación social agravian con sus informaciones u opiniones a persona alguna, tienen el deber de rectificar en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario, en cumplimiento al mencionado artículo constitucional vigente.

Así que a respetar esos derechos que se encuentran consignados en la Constitución de la República, las leyes y en los instrumentos internacionales. Y quien no respeta tendrá que asumir las consecuencias jurídicas, penales y civiles.

Ab. Jorge Washington Andrade