Señor

Orlando Pérez

DIRECTOR DIARIO EL TELÉGRAFO

Guayaquil

De mi consideración:

En la edición del diario EL TELÉGRAFO del 8 de febrero de 2015, se publicó un editorial de la articulista Karla Morales, titulado ‘Operadores de justicia independiente’. En virtud de lo previsto en el primer numeral del artículo 18 y el séptimo numeral del artículo 66 de la Constitución de la República, en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de Comunicación, agradeceré se digne disponer la publicación de la siguiente réplica, en la misma página de opinión del diario de su Dirección General.

De la lectura del texto se desprende la carencia de objetividad y limitado conocimiento en la materia del que hace gala la editorialista. No es mi intención aleccionar, sin embargo, en virtud de haber sido aludido, estoy obligado a referirme a algunas de las evidentes desprolijidades del editorial. Incluso cabe reflexionar sobre si la intención de la editorialista era sumarse al discurso político que pretende, inútilmente, sembrar dudas sobre la supuesta falta de independencia de los órganos jurisdiccionales.

Basta puntualizar que en la opinión escrita se omite cualquier mención sobre la garantía constitucional que consagra el principio de independencia judicial, cuya inobservancia es causa de acciones incluso penales, que el COIP tipifica y sanciona. Si la articulista conoce de alguna interferencia en la administración de justicia es su deber denunciarla ante las autoridades competentes.

Además, la autora incurre en otras obviedades que la delatan. La antojadiza restricción de lo que ella denomina “noción de operadores de justicia” constituye una manipulación, al excluir a los consorcios jurídicos y grupos políticos, representantes de enormes intereses, que alguien le habrá relatado, hasta hace pocos años se apropiaron de buena parte de las decisiones de la administración de justicia, especialmente en Guayaquil.

Es impresentable la intención de minimizar el enorme esfuerzo del Estado ecuatoriano para construir o remodelar instalaciones judiciales, que no son fin, sino medio, cabalmente para viabilizar el ejercicio de los principios de la administración de justicia. La infraestructura, la tecnología, la capacitación, los servicios de justicia de calidad son indispensables para asegurar justicia efectiva e independiente. Otros ingredientes de la independencia judicial que mencionamos permanentemente son justamente la meritocracia; la estabilidad; la carrera judicial; las buenas remuneraciones; los valores éticos; la aplicación del sistema disciplinario; la rendición de cuentas; la evaluación de desempeño y la motivación de sentencias.

Su aplicación permite que ese principio constitucional no sea tinta, sino una realidad. Los derechos, tantas veces aludidos en el editorial, cabalmente son justiciables cuando existen dependencias en las cuales la ciudadanía pueda demandar la prestación de servicios de justicia. Parte de esto es lo que se conoce como “acceso a la justicia”. No existe justicia independiente sin acceso a la justicia. No existe acceso a la justicia sin trabajar en los medios a los que la articulista desdeña.

Es inquietante que la editorialista desconozca que entre los estándares internacionales para valorar el nivel de independencia de la justicia están la remuneración y el origen del nombramiento del cargo de juez/a, fiscal o defensor/a público/a, como consta en distintos instrumentos internacionales. Conviene que averigüe algo sobre los años de abundancia de jueces temporales, sus patrocinadores y los intereses que defendían.

La alusión que contiene en el último párrafo de su editorial es francamente sorprendente.

En el más básico de los textos para comprender cómo se mide la independencia en la justicia constará exactamente lo contrario a lo que la editorialista expone, quedando ella tan descolocada. Es un acto de auténtica audacia haber escrito el editorial al que me refiero, en un medio tan prestigioso como es el diario EL TELÉGRAFO, ignorando aspectos tan elementales.

Señor Director, este es tiempo de la justicia independiente de cualquier interferencia interna o externa, incluso de los gigantescos poderes políticos y económicos, que la secuestraron hasta alcanzar el hastío de la ciudadanía, que dispuso en consulta popular emprender el proceso de transformación que impulsamos.

Valoramos el auténtico interés periodístico del diario EL TELÉGRAFO en el proceso de transformación de la justicia. Respetamos democráticamente la opinión editorial de las y los ciudadanos que colaboran con el medio de comunicación. Siempre aspiraremos a que los productos editoriales ofrezcan calidad y propicien la búsqueda de la verdad.

Atentamente,

Gustavo Jalkh Roben
PRESIDENTE CONSEJO DE LA JUDICATURA