Como ya ha sido costumbre en el país en los últimos años, la aprobación de una nueva normativa ha generado polémica y resistencia de sectores de oposición que se esmeran en rechazar cualquier tipo de propuesta del oficialismo, así tengan puntos muy buenos para la ciudadanía.

Esta semana tuvo como hecho trascendental cómo en el pleno de la Asamblea Nacional se sancionó una normativa sobre la medicina prepagada. Esto, al mismo tiempo que las aseguradoras utilizaron todo el músculo mediático del que gozan para intentan minar esta ley.

Pero veamos los puntos claves del documento. Con esta nueva ley se eliminan tajántemente las acciones discriminatorias que se venían practicando de parte de las aseguradoras hacia los adultos mayores. Hasta la actualidad tener más de 65 años significaba ser un individuo “no calificable” para tener un seguro de salud. Además ahora, por ley, se deberá cubrir a las personas que reciben tratamientos psicológicos, un padecimiento que ya es algo normal entre los ciudadanos por el ritmo frenético de vida que todos llevamos.

Ahora, sobre el punto más espinoso del tema: El pago de las aseguradoras de salud hacia el IESS o al Ministerio del ramo en caso de que uno de sus afiliados se haga atender en el sistema público de salud. Y es aquí en donde se devela en cuerpo entero a los directivos de los prestadores de medicina prepagada. En esta instancia es cuando se revela que para ellos asegurar a una persona es un negocio y no un servicio. Es lógico pensar que si una persona decide atenderse en el IESS o un hospital público, la aseguradora debe responder por los montos por los que cubre a ese paciente. De otra manera sería como subsidiar a sectores privados por parte del Gobierno Nacional.

Espero con ansias que el Gobierno frene las intenciones malévolas y extorsionadoras de la empresa Salud S.A. que amenaza con terminar contratos corporativos. Hay que entender que primero está el ciudadano antes que sus negocios. (O)

Vicente Páez
Guayaquil.