Imagine usted que alguna institución pública, ministerio, alcaldía o prefectura, regalara ‘alegremente’ a una o un ciudadano común un bien, como bicicleta, computadora, celular, etc., preguntémonos ¿si aquello es utilizar apropiadamente el dinero público?; si se lo hace para ayudar a damnificados de inundaciones, incendios o alguna otra tragedia, entregando servicios de salud, educación, vivienda, etc., con la coordinación de las instituciones que les compete, se comprendería; o si se hace la donación o regalo como premio a la excelencia académica, se entendería; o si se hace para ayudar a estudiantes de escuelas o colegios de zonas marginales, abandonadas o deprimidas económicamente, entregándoles infraestructura, libros, uniformes, desayuno o computadoras a los estudiantes en extrema pobreza, con la coordinación de las instituciones competentes, se comprendería, pues dichos libros, uniformes o computadoras servirían para el año escolar venidero.
Pero, ¿cómo comprenderíamos que, sin la coordinación institucional, se entregue 25.000 tablets que no serán utilizadas por la institución educativa, ni tampoco serán utilizadas por las o los estudiantes en su proceso de educación básica en dichas instituciones educativas?, pues si se las entregan una semana antes o una semana después de ser bachilleres, ya no estarán en el proceso de educación básica en dichas instituciones, como sí lo están, por ejemplo, las y los estudiantes de escasos recursos, que reciben libros, uniformes o computadoras a inicios del año; o ¿cómo comprendemos que se haga sin criterio de equidad, para que beneficie a los sectores educativos más necesitados o en su defecto, si no lo requieren, que se atienda sus reales necesidades en forma prioritaria y responsable? O, ¿cómo comprenderíamos que se haga sin motivar la excelencia académica, premiando a los más destacados, con beneficios que garanticen la continuidad en sus procesos educativos, con acceso a niveles educativos de excelencia?
Pero si vemos que la entrega de esas 25 mil tablets son para personas, la mayoría de ellas cumplirán la edad para votar en las próximas elecciones de febrero para la alcaldía de Guayaquil, entonces entendemos la desesperación de la entrega.
En alguna oportunidad el Presidente de la República manifestó en uno de sus informes semanales que se requiere de la estructuración legal y operativa de una superintendencia para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para evitar que se priorice fuentes de agua de colores donde no hay servicio de agua potable para toda la población, a lo que agregaría, para garantizar también la acción y participación de la ciudadanía, para garantizar bienes superiores como los derechos, bienes estratégicos como la comunicación, el agua y para vigilar que no se persiga a emprendedores informales, sino que se los apoye e incluya en esquemas integrados socio-productivos, complementarios, recíprocos, solidarios y cooperativos.
Roberto Castello
