Todavía no alcanzo a digerir los conceptos o preceptos que sirven de base para dictar o imponer ciertas reglamentaciones en las áreas de emergencia de los hospitales públicos y del Seguro Social.

Por ejemplo, es inaudito que no se atienda a una persona que, víctima de un asalto u otra acción violenta, llega a un hospital socorrida por familiares o personas caritativas, con un proyectil en el interior de su cuerpo. No la atienden si no trae consigo la denuncia puesta en las oficinas de la Policía.

El guardia de seguridad ni siquiera les permite el paso a los predios para un chequeo preliminar. Nadie constata la gravedad de la herida, ni personal de enfermería, menos algún médico. La consigna, o la orden que se respeta a rajatabla, es que ponga primero la denuncia.

¿Quién responde si esta víctima del hampa pierde la vida en el trayecto hasta las oficinas de la Policía Judicial o desde ahí hasta regresar al hospital?

No es más importante, primero la intervención médica y salvar la vida del paciente, y después realizar los trámites legales correspondientes?

Algo también incomprensible sucede con la emergencia del Hospital del IESS en Durán, donde por más que el paciente llegue en situación calamitosa, debe tomar un tique numerado y esperar su turno, que puede durar hasta dos o tres horas antes de que lo atiendan.

Al parecer, en los nosocomios se entiende como emergencia solamente los casos en los que el paciente llega en estado de alta gravedad, echando sangre, con heridas profundas o con mutilaciones en partes del cuerpo.

Además, en Durán no existe suficiente personal médico para esa área. Apenas se encuentra un galeno y una enfermera, a lo sumo dos de estos equipos básicos de atención.

Todas estas falencias en la atención perjudican al afiliado, sumado a la decidia del personal de atención y el quemeimportismo de las autoridades o tal vez una incapacidad para resolver situaciones emergentes.

¿Hasta cuándo deben los ciudadanos soportar estos errores en la administración de los centros hospitalarios tanto públicos como del IESS. No consta en la Constitución de la República que es prioritario optar por la vida de las personas?

Por ahí tiene el nuevo Defensor del Pueblo un camino por recorrer.

Atentamente,

Pedro del Solar
Durán - Ecuador