Odebrecht utilizó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de Ecuador. ¿A cambio de qué? A cambio de adjudicar obras en el Gobierno actual. Son declaraciones de dirigentes empresariales ahora detenidos en EE.UU. Acuerdos entre el Departamento de Justicia norteamericano y la constructora brasileña a cambio de rebajas de penas. Consecuencias del malicioso accionar de esta empresa privada en 12 países.
Noticia que, en principio, exige inmediata y exhaustiva investigación local. Y no debe haber descanso hasta encontrar responsables y condenas a todos y cada uno de los implicados de cualquier nivel administrativo. Pero la suspicacia baila al venir de EE.UU. ¿Hay gato encerrado?
Despejemos dudas. ¿Por qué se esperaron los festejos de fin de año para lanzar una denuncia incompleta y desde una oficina ajena al ámbito diplomático? Porque en medio de festividades, basta un titular, con un poco de condumio político, para que las redes sociales y ciertos medios de comunicación terminen deformando los hechos.
Así, el colectivo concluye victimizando a inocentes. Y con frecuencia, cuando brilla la verdad, nadie sale a desmentir o rectificar. Simplemente no abordan el tema o lanzan otros escándalos. Nadie limpia la basura mediática derramada. Además, pocos hacen seguimiento de la noticia. Así, manchan nombres, organizaciones políticas e instituciones. Aquí hay mucho de psicología política y de masas. Por ejemplo, nada se dice de la expulsión de Odebrecht, de Ecuador, por el Gobierno en 2008. ¿Una manipulación de la información en una coyuntura electoral?
Por otro lado, ¿le corresponde al Departamento de Justicia de Estados Unidos hacer públicas supuestas denuncias de problemas relacionados con países ajenos? Definitivamente no. Simplemente no es de su competencia. En este caso, su función es combatir las irregularidades de la constructora brasileña dentro de su país, EE.UU. Pero las novedades, más allá de su fuero, debieron comunicarse al Ministerio de Justicia o a la embajada norteamericana y esas instancias notificar al o los países implicados, vía diplomática. Pero como sabemos, hasta el momento estos dos despachos no han dicho absolutamente nada. En el caso FIFA las acciones salieron del Ministerio de Justicia.
Si en verdad era urgente difundir dichas novedades, habría bastado una llamada telefónica a las autoridades ecuatorianas y las alarmas se encenderían para prevenir fugas, detener sospechosos y poner a buen recaudo capitales sustraídos, etc. Con ello las autoridades locales no podrían evadir responsabilidades.
Pero si tienen nombres, ¿por qué callan? Tal vez porque son actores privilegiados y hacen cálculos políticos evitando ‘tiros por la culata’, como ya se vislumbra: el famoso Charlie Pareja, ahora prófugo, ha sido nada menos que abogado defensor de Odebrecht en Ecuador. Y además, como primo de Carlos Pareja Yannuzzelli, juntos, manejaban una sociedad empresarial para administrar las coimas cosechadas en Petroecuador. Y hay que decirlo, este oscuro personaje es toda una institución representativa del Partido Social Cristiano (PSC), calumniador a muerte del actual Gobierno.
Mientras no existan nombres y apellidos de los mafiosos, detectados por nuestra propia justicia nacional, no debemos avivar el show electoral montado por la derecha y sus amigos no declarados. Las pseudodenuncias serán lubricante de toda la campaña electoral. Son los invisibles vínculos y trucos de la oposición local e internacional en el desesperado intento de ganar votos para las lecciones de febrero 2017. (O)
Rodrigo Proaño C.
