El período electoral en Paraguay fue, para la dinámica política del país, un oasis en el desierto de sus avatares habituales. Fueron cinco meses de tregua (desde las elecciones primarias hasta las elecciones generales) en los que la mirada se puso sobre los liderazgos políticos, y el debate público tocó apenas de soslayo la corrupción institucional enquistada, el blindaje político, la manipulación de la justicia, la impunidad, etc.

La tregua se acabó el 22 de abril, cuando se abrió paso a un nuevo gobierno del Partido Colorado, una formación que carga en sus filas el enorme lastre de la corrupción y la impunidad, cánceres que, ni desde la interna de la formación ni desde los órganos de justicia –ampliamente cuestionados por sus dinámicas prebendaristas– se han podido extirpar.

A menudo, cuando la política no resuelve lo obvio y vergonzante, la tensión social aumenta y el malestar fluye en forma de protestas con altos niveles de violencia (generalmente iniciada por la represión policial). Buen ejemplo fueron las movilizaciones de marzo de 2017 en contra del pacto (nonato) reeleccionista que acabó con la quema del Congreso y se saldó con cientos de heridos y con la vida del joven militante del PLRA, Rodrigo Quintana.

A solo unos días de la toma de posesión el fin del aciago momento electoral es más que evidente. Los ciudadanos, lacerados por la pobreza y desesperados por la impunidad, encendieron la chispa, a principios de agosto, cuando los votos de 27 legisladores por la pérdida de investidura del corrupto confeso José María Ibáñez (con cargos de tráfico de influencias y de estafa al Estado) no alcanzaron los dos tercios requeridos para desalojarlo de su banca (por la nueva ley de autoblindaje, recientemente aprobada para eternizar a los políticos corruptos en las instituciones). (O)

Ava Gómez Daza