Si bien la ley es más bien reflejo de las relaciones de poder existentes en una sociedad, los debates legislativos pueden reflejar cómo se construye el poder mismo. Esos debates, en otras palabras, reflejan -y también influyen en- luchas políticas y culturales en donde está en juego la vida de millones. L

a ola de asambleas constituyentes participativas que hemos visto en la región andina en este siglo XXI parece habernos recordado que la ley, lo que se (des)penaliza o se criminaliza, no es solo cuestión de legisladores, juristas y abogados. Es una cuestión de todas y todos aquellos que sufren en carne propia la violencia de leyes que legitiman desigualdades históricas construidas alrededor de lógicas raciales, de género y de clase social; desigualdades, no tan poscoloniales, pero centrales en nuestra realidad moderna. 

El debate sobre la (des)penalización de drogas prohibidas y el control/regalamiento de las drogas legales (alcohol, tabaco, fármacos), por ejemplo, no es simplemente un debate sobre el narcotráfico, la adicción, o el control de sustancias. Es un debate que en países como los Estados Unidos está relacionado a largas historias de discriminación racial y de las ganancias económicas que implican los presos cuando el sistema carcelario es privatizado como lo es en el norte del continente.

Es también un debate sobre cómo las clases privilegiadas y su doble moral terminan por decidir qué sustancias son legales y cuáles se prohíben (sin olvidar que la producción y el consumo en sí son grandes negocios) sin importar los costos de la violencia que ha producido la “guerra contra las drogas”, que dicho sea de paso no ha logrado disminuir el consumo en lo más mínimo.

Otro ejemplo donde la doble moral y la mojigatería no pueden imponerse a las razones que presentan aquellas mujeres que defienden su derecho a la vida y que gritan “¡aborto inseguro nunca más!”. Para los hombres y ciertas mujeres privilegiadas por sus condiciones económicas resulta fácil rasgarse las vestiduras por defender la vida de un feto que no ha nacido y sin embargo parecen impávidos ante el sufrimiento de los niños y niñas que sufren día a día las violencias del capitalismo patriarcal.

¿Cuántos niños y madres tendrán que morir para darnos cuenta de que nadie lucha por el derecho a abortar sino por entender que penalizar el aborto es aceptar los prejuicios que venimos cargando por siglos sobre la mujer como un ser débil mental que no puede tomar decisiones razonadas sobre su cuerpo, su familia y su comunidad? Si los hombres tuvieran que parir el fruto de las violaciones (también fruto de la misma cultura machista) seguramente el debate para despenalizar el aborto ya hubiese dado frutos hace muchos años.

Es una felicidad ver a la sociedad ecuatoriana movilizada y activa políticamente, una victoria sobre el neoliberalismo que en cierta parte se lo debemos a los actores sociales y políticos que lucharon por una constituyente. Sin embargo, no podemos dejar que las mojigaterías de algunos secuestren los términos de estos debates que son, literalmente, de vida o muerte, pues son sobre el significado de la libertad y el cautiverio, sobre la autodeterminación y la soberanía.

Ricardo Sánchez Cárdenas
C.C. 1716366081