Hasta hace algunos meses la Penitenciaría del Litoral era conocida como Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil,  actualmente se denomina Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley, Nº 1 de Guayaquil.

Creo que con cambiar el nombre no se ha cambiado nada, no interesa el nombre que se dé a este centro de privación, lo que debe interesar es que en este centro haya las medidas de seguridad necesarias para evitar la  fuga de las PPL, como se denomina a las personas detenidas. Fugas  como las ocurridas en los últimos días han dejado ver la fragilidad de la seguridad que en ella existen.

Estos centros de privación de libertad no han recibido la atención adecuada, recién el actual Gobierno  se ha preocupado de brindar los recursos necesarios para que se construyan nuevas instalaciones para albergar a la población carcelaria.

Solo el que ha estado recluido en la Penitenciaría del Litoral a la que me refiero sabe lo que es estar en ese lugar, pues creo yo que si se ha cometido un delito debe ser juzgado, y que la pena a imponerse debe ser una adecuada y justa a la infracción cometida, pero se dan también detenciones injustas, y para esas personas su permanencia en ese centro carcelario se convierte en un verdadero infierno.

No se ven políticas de Estado para que esas personas que están detenidas y cumpliendo una pena se rehabiliten. Todas tienen derecho a esa rehabilitación, pero cómo  hacerlo si no se dan programas encaminados a que las PPL (personas privadas de libertad) como se las denomina, trabajen en el interior de  estos centros. Al no hacer nada, al no aprovechar el tiempo en algo útil, lógicamente tienen el tiempo suficiente para planificar fugas, como la última que se dio en “La  Roca”. Cada una de las personas presas constituye  un gran gasto para el Estado ecuatoriano, y  quienes pagamos este gasto lógicamente que somos todos  los habitantes del Ecuador.

¿Por qué no implementar un sistema laboral para toda la población carcelaria? Labores que deben ser remuneradas, con el fin de que  estas personas, cuando salgan en libertad, luego de haber cumplido su asistencia, puedan también valerse por sí mismas honradamente e incluso ayudar a sus familias. Hecho  que ya se dio años atrás, cuando se llevaba a cabo un proyecto  de rehabilitación a  cargo de una institución no gubernamental llamada Confraternidad Carcelaria, dirigida por el Dr. Jorge  Crespo, proyecto que se llevó a cabo y dio buenos frutos, pero que lamentablemente terminó, por

la falta de apoyo y colaboración de los organismos correspondientes.
Por lo tanto es necesario que en los actuales momentos se den    políticas de gobierno, a fin de mejorar las seguridades y, sobre todo, tratar de  que las PPL se mantengan ocupadas con un sistema laboral apropiado para cada una de ellas.
 
Atentamente
Ab. Rosa Fiallos Ramos