Históricamente, según datos del año 2008, el sector público abarcó el 81,38% del servicio de la salud y el 18,62% (de acuerdo al número de establecimientos) restante lo ocupó el sector privado. Estableciéndose que todas las instituciones del área de la salud tienen su propio sistema de organización, gestión y financiamiento, tanto en lo público como en lo privado (que no fiscaliza el SRI).

La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), la Sociedad Protectora de la Infancia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) y la Cruz Roja Ecuatoriana son instituciones privadas que actúan dentro del sector público.

El sistema de salud ecuatoriano está dominado fundamentalmente por instituciones del sector público, sin embargo, se observa un rápido crecimiento del sector privado en el área de la salud, por lo que es evidente que el Estado no puede por sí solo proveer de salud gratuita a toda la población, debido, entre otros motivos, a que existen áreas especiales de atención, en las que no participa el Estado por causa de los altos costos que se involucran en su participación, situaciones que hacen prevalecer la oferta privada de estos servicios.

En consecuencia, es necesario que los valores cobrados por la JBG por atención médica sean regulados por el Estado, ya que esta entidad está protegida y beneficiada gubernamentalmente, a través de la exoneración de los derechos arancelarios y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir que no grava estos conceptos en las importaciones que realiza en equipos, medicamentos e instrumental médico.

Lo señalado beneficiaría a la ciudadanía de escasos recursos que no puede pagar los valores de atención médica que cobran las instituciones privadas que operan dentro del sector público y que están protegidas por el Estado.

¿Por qué las instituciones privadas de salud a los pacientes de escasos recursos no cobran igual valor que las públicas, si están protegidas y beneficiadas por el Estado?   

Atentamente,

Ec. Ángel Calderón Mayorga
C.C. 0903359776