Concretamente, esta institución que otorga la Constitución, desde el Derecho Romano y fases, ha sido sabiamente acogida por nuestra legislación y -como ya dijimos- por la generalidad de nuestro mundo civilizado. Esta facultad constitucional, que no es nueva ni creación de la legislación ecuatoriana, es utilizada por la mayoría de las naciones del orbe a favor del cuerpo legislativo o Cámara de Diputados, con el justificado y lógico objetivo: “Permitir -sin responsabilidad penal- que los legisladores o diputados puedan denunciar supuestos hechos ilegales e inmorales, para que se determinen, en el seno del cuerpo colegiado, responsabilidades contra funcionarios de las diferentes áreas administrativas del Estado”. La definición de “inmunidad” es: “Prerrogativa de que gozan los senadores y diputados de la nación mediante la cual no pueden ser detenidos o presos por sus opiniones, ni procesados o juzgados sin la autorización del cuerpo al que pertenecen”.
Entendamos por opiniones aquellas que se hacen respecto al manejo de la “cosa pública” sobre la base de denuncias recibidas o a investigaciones iniciales recogidas. Lastimosamente -no solamente aquí en el Ecuador- se malinterpreta intencionalmente el concepto y se aprovecha de tan importante facultad para emitir criterios a priori, sin ninguna base, lo que nace exclusivamente en las pasiones o inclinaciones políticas, sea cual fuere la inclinación ideológica. Este fenómeno se está dando con mucha frecuencia en nuestro país.
Últimamente el legislador Galo Lara, abiertamente contrario al presidente Correa Delgado, allegado incondicional del desprestigiado Lucio Gutiérrez, ha manifestado abiertamente y sin prueba alguna “que el Presidente maneja la corrupción desde Carondelet”. Por este hecho realmente politiquero, el gobernante ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para este ciudadano, petitorio que fue negado por la legislatura.
Irritado por esta respuesta, el Ec. Correa ha indicado “que está pensando el llamar a consulta popular para impedir el abuso de la inmunidad”. Nosotros no estamos de acuerdo con esa tentativa, por el costo que se originaría y, sobre todo, porque podría ser arma de doble filo para la democracia. Más bien estimamos que lo que se debe hacer es regular la inmunidad parlamentaria, en la misma legislatura, con mucho tino y tacto jurídico, que termine definitivamente con “bravuconadas” cobardemente amparadas en tal sagrada y respetable facultad constitucional de irresponsabilidad penal legislativa.
Como siempre, decimos la verdad, aunque duela.
Arturo Santos Ditto
0903387132
