En la consulta popular, realizada el 7 de mayo de 2011, en la pregunta 9, se interrogó al pueblo si es que estaba  de acuerdo que la Asamblea Nacional, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica  de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación, que reglamente la difusión de  los contenidos de la televisión, radio y publicaciones escritas.

Y la ciudadanía se pronunció mayoritariamente, aprobando dicha pregunta con el 62% de los votos. Entonces, si el soberano, es decir, el pueblo, ya lo decidió, ¿para que tanta demora? Pensamos que los asambleístas han dejado pasar mucho tiempo en este delicado tema, debido a la obstrucción al interior de la Asamblea Nacional. Sabemos que los poderes “fácticos” se aferran al viejo país, no quieren dar paso a una distribución democrática del sector de la comunicación. Su objetivo es seguir coartando y boicoteando la decisión del pueblo, a través  de sus adláteres inmersos en la Asamblea.

Estos sectores poderosos del pasado tienen que reconsiderar su postura. No cabe que sigan perturbando la aprobación de los ecuatorianos en las urnas, manipulando mensajes en  aquello que no creen y no practican: la libertad de expresión.

Felizmente, el pueblo ecuatoriano ya no es tonto,  por ello decidió que exista una Ley de Comunicación  para los medios, y que puedan llevar un información diáfana y transparente a los ciudadan@s de manera clara, objetiva, contrastada, veraz y auténtica.

Los sectores dominantes de la sociedad están alborotados al haber llegado ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH), donde hicieron un papelón, tratando de hacer creer que en el Ecuador no hay libertad de expresión, cuando en realidad  lo que hay  en este país es libertad absoluta; además, no se ha cerrado medio de comunicación alguno ni silenciado su voz.

Es verdad que el presidente Rafael Correa, en sus informes semanales, ha tenido que  usar términos duros en contra de sus opositores, pero ha sido en su  legítima defensa ante los ataques furibundos de los medios, supuestamente “independientes”,  que buscan impedir que  se hagan los cambios necesarios que el país siempre ha reclamado y, asimismo, que se mantengan los privilegios de unos pocos.

La Ley de Comunicación permitirá que los marginados puedan tener acceso a la misma, y defender sus derechos, y no como es ahora, que solamente la usan los dueños del capital para la defensa de sus mezquinos intereses.

Del señor Director

Galo Bonifaz Saltos
Guayaquil