“Existe demanda (de créditos) y los bancos ni lo contemplan”. Ese era uno de los titulares de prensa cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que los bancos privados tendrían que comprometerse a dar nuevas líneas de financiamiento para la producción. En América Latina los gobiernos de izquierda han estado en el poder tratando de realizar reformas profundas para desmantelar toda la estructura corrompida del neoliberalismo enquistada en el Estado y en la sociedad.

Resabios de la dictadura en muchos casos. En cada país la profundidad de esas reformas han variado y también su oportuna implementación. El caso Argentino, más allá de colocar la política social como protagonista de la política económica como en los demás países, en la reformas de tipo económica ha ido al ritmo de las necesidades y de las coyunturas.

Cuando la presidenta Kirchner cuestionó una de las instituciones forjadas en la década de los noventa (Banco Central) lo hizo en medio de las disputas por el manejo de las Reservas Internacionales. Antes la independencia del Banco Central no había sido tema de debate. Lo mismo ocurrió en temas tan claves como la política petrolera, el abastecimiento interno de energía para seguir desarrollando el mercado interno, el servicio de trenes en el país y ahora la vinculación del sector bancario privado con el sector productivo.

En el Ecuador, la implementación de las reformas ha sido de forma sistemática de acuerdo a un proyecto de país y no por las coyunturas. Eso ha hecho que el modelo ecuatoriano sea estudiado por analistas internacionales de varias partes del mundo. El modelo contempla la industrialización por sustitución de importaciones selectivas. El Estado ecuatoriano ha hecho mucho tratando de superar los problemas que se presenta en la balanza comercial, pero dicho modelo no va a ser sustentable  en el largo plazo ya que la banca privada crea un efecto distorsionador en las cuentas externas del país.

Obviamente no es el único, se suman otros, pero su protagonismo se ha hecho mucho mayor en esta distorsión en los últimos años. Es necesario que el proyecto de país que se impulsa contemple normas más explícitas en la regulación del sistema financiero privado, es decir, que esté vinculado directamente con el sector productivo, las necesidades de la economía en su conjunto y especialmente con los denominados sectores estratégicos y no solamente a su actividad de establecer un margen de ganancia como un buen oligopolio.

En otras palabras, redireccionar el crédito. El Banco Central y los Organismos de Control cumplirían funciones importantes. La política de redireccionar el crédito estaría dada según los resultados de las Cuentas Nacionales y al Plan del Buen Vivir. Los sectores de la economía impulsados con esta redirección serían establecidos bajo políticas dictadas desde el Banco Central.

La banca privada calificaría a los agentes económicos de estos sectores que recibirían el financiamiento para sus proyectos bajo una correcta supervisión de los organismos correspondientes. La política de redirección del crédito debe ser impulsada como parte del proyecto país y no como parte de un plan de medidas anticíclicas.

Gonzalo J. Paredes
Catedrático de Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Especializado en México y Buenos Aires
@gonzalojparedes