A partir del jueves 24 de octubre del presente año se inició la intervención a la Universidad de Guayaquil, debido a que existen incumplimiento de normas, irregularidades administrativas, académicas y financieras, nepotismo y pluriempleo (secretario general y profesor en Facultad de Jurisprudencia), medida cautelar y temporal que ha sido tomada como acertada por las autoridades de la Universidad, lo que significa apoyar el fortalecimiento institucional y que el centro de estudios seguirá funcionando con normalidad, como también que sus actuales autoridades continuarán en sus cargos.

Entre los objetivos de la medida está garantizar la total gratuidad de la educación superior, sanear las cuentas de la institución, incrementar el número de profesores principales a tiempo completo y de quienes poseen título de PhD.

Muchos estudiantes y profesores opinan que la medida es positiva, pero que si no se sanciona de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior a los responsables que causaron perjuicios a la universidad, alumnos y profesores, se repetirá el problema -que se está superando-, por lo que  la medida debe solucionar el problema desde su raíz de fondo y no solo de forma.

Los cobros indebidos que debe devolver la Universidad de Guayaquil fueron autorizados en su momento por alguna autoridad competente. Por eso la Contraloría debe investigar para que los responsables sean sancionados y quede como precedente de la intervención realizada.

Ángel Calderón Mayorga