El artículo 128 de la Constitución de la República dispone que los asambleístas que gozaran de fuero de corte nacional de justicia, durante el ejercicio de sus funciones, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.

Sin embargo,   el Primer Mandatario, acusando a un asambleísta -que denunció actos de corrupción- de haber emitido “injurias calumniosas” contra su persona, solicitó a la Asamblea Nacional que se quite la inmunidad parlamentaria  para iniciar causa penal en contra del legislador, en lugar de exigir que se presenten pruebas y que se cumpla con el debido proceso de fiscalización parlamentaria, para determinar la veracidad o falsedad de los actos de corrupción denunciados, y cumplir con lo que dispone la Constitución al respecto, sancionando al asambleísta, si ese fuera el caso.

Lo solicitado por el Primer Mandatario no ayuda a fortalecer la democracia ni a combatir la corrupción que se ha fomentado en el país. Por otra parte, si se aprobaba lo solicitado, se hubiese creado  incertidumbre y temor en los asambleístas para fiscalizar o investigar los actos de corrupción que la ciudadanía quiere que se sancionen.

En el segundo inciso del referido artículo de la Constitución se indica que si la solicitud de la jueza o juez competente que pide la autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá como concedida, estableciéndose, por lo tanto, que solo una autoridad competente puede pedir que se levante la inmunidad parlamentaria de un asambleísta.

¿Hasta cuándo se fomentan los actos de corrupción en el país? ¿Deberían ser sancionados penalmente los actos de corrupción fiscalizados por la Asamblea Nacional? ¿La Asamblea Nacional fiscaliza o investiga todos los actos de corrupción denunciados por la ciudadanía y medios de comunicación?

Atentamente
Dr. César López Iturralde
0903358778