Soy uno de los exempleados del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), entidad que una vez que construyó y puso en marcha los proyectos hidroeléctricos para generación y sistemas de transmisión a nivel nacional, fue objeto de intentos de privatización por parte del neoliberalismo y, como consecuencia de ello, desapareció, al igual que la asociación de empleados y trabajadores. Un grupo de más de 300 empleados de ese entonces, hace más de 25 años, participamos en un plan de ahorro para conseguir huertos familiares y procedimos a adquirir la hacienda El Rosario que se manejaba como compañía.

Con la desaparición de Inecel y la salida de los empleados, muchos de los cuales migramos, el manejo del plan de huertos familiares se complicó y muchas personas han intentado aprovecharse de esta situación. Y lo han hecho parcialmente. Los socios del plan, durante estos años, hemos hecho esfuerzos económicos para mantener nuestros derechos y la esperanza de que esto algún día significara una forma de ahorro, un respaldo para nuestra vejez o una herencia para nuestros hijos.

Hace menos de un año, personas que de momento son funcionarios y autoridades del Municipio de Rumiñahui, por motivos poco transparentes, deciden declarar a la hacienda El Rosario de utilidad pública, imponiendo un precio irrisorio de menos de un dólar por metro cuadrado, lo que representa la centésima parte del valor comercial. Supuestamente, la utilidad pública seria para hacer viviendas populares.

Estoy seguro de que muchas de las personas que accedan a ese beneficio tendrán mejores condiciones económicas que muchos de los socios, verdaderos dueños de la hacienda, con lo cual se estaría atropellando los derechos de unos para beneficiar a otros. El procedimiento que está implementando el Municipio de Rumiñahui sentaría precedentes nefastos para el abuso en contra de cualquier ciudadano ecuatoriano. Sin un análisis adecuado de a quién se afecta y en qué medida, se está procediendo a quitar el derecho a la propiedad privada quizá por objetivos políticos alejados de la ética, la decencia y la justicia.

Personalmente reto a todas las autoridades del Municipio que están interviniendo en el intento de atraco. No voy a tomar acciones en su contra, siempre y cuando ellos dediquen al proyecto de vivienda popular el mismo valor económico que a mí me están usurpando, además de que me permitan participar en la calificación de las personas que serían beneficiadas por el proyecto de vivienda popular con los recursos que a mí me están quitando y, finalmente, que se permita participar en la calificación para ser beneficiarios del proyecto a los socios dueños de la hacienda, cuya condición económica lo amerite.

No se ha tomado medidas para frenar el atropello, porque se creyó descabellado o imposible que el sistema legal permitiese ese absurdo, pero una vez que existen evidencias de lo contrario, la batalla comienza.

Al estar lejos de mi país, muchas voces me presionan para que me resigne y asuma esta situación como parte de la visión de que en Ecuador eso es normal, que las instancias judiciales y gubernamentales sirven y se prestan para cualquier propósito y que las declaraciones de las más altas autoridades del país son líricas, y que el país no ha cambiado o está peor. Pero yo tengo fe en Ecuador y espero que muchos ciudadanos, autoridades y la prensa se hagan eco de este caso y aporten para que no se establezcan procedimientos que puedan afectar aleatoriamente al ciudadano común.

Atentamente

Mario V. Pérez L.
Quito