El miércoles hubo conmoción entre la comunidad de cibernautas. El motivo: un video colgado en YouTube que muestra a estudiantes de los colegios Vicente Rocafuerte y 28 de Mayo diviertiéndose en una fiesta al ritmo del contagioso baile dominicano denominado “perreo”, perteneciente al género reggaeton.

El tema ha lastimado la sensibilidad de mucha gente que no concibe este tipo de baile entre menores de edad, sin embatgo que en ciertas discotecas es común observar a las parejas dar rienda suelta a sus movimientos de claro tinte erótico.

El tema ha llegado, inclusive, a concitar la participación del Fiscal del Guayas, que dio sus apreciaciones al respecto ante los medios de comunicación.

Y desde la comunidad educativa llega la noticia de que 4 estudiantes que participaron en la referida fiesta han sido separadas del plantel.

Todo esto ha servido para que la prensa monte una especie de “crónica morbosa” que les atrae mucha audiencia, ávida no de ver el baile en sí, sino de tratar de reconocer a los y las estudiantes. Pero esa misma prensa no repara en el daño que le hacen a los menores de edad que participaron de la “fiesta”.

No es mi intención justificar el acontecimiento, que ha sido calificado de bochornoso e incluso le quitó protagonismo al tema de la selección ecuatoriana de fútbol en su eliminatoria de la Copa América Argentina 2011. Mucho menos juzgar a estos jóvenes que tienen sus preferencias en cuanto al baile. Pretendo, con esta carta, expresar mi inconformidad con los que se han arrogado la calidad de “jueces de moralidad” para escandalizar a todo el país.

Tanta publicidad recibió este infausto episodio juvenil, que los comentarios en las redes sociales lo ubican como el suceso con mayores niveles de expectativa en la historia del Ecuador, inclusive por encima del 30-S.

Pretendo también protestar ante la ligereza con que se toman las decisiones en el ámbito educativo, que sin mayores análisis suspenden a las estudiantes y les coartan su derecho a la educación.

Pregunto: ¿No es preferible tratar de ayudar a las jóvenes, de quienes se dice que provienen de hogares disfuncionales? ¿No es un deber del maestro guiar al estudiante por senderos de progreso que conlleven una inclusión “normal” en la sociedad?

Lanzarlas a la calle y sentenciarlas apresuradamente por un acto que es harto conocido que goza de la connivencia de los padres de familia es sencillamente algo irresponsable por parte de adultos que no se acuerdan que también fueron adolescentes.

Ramiro Serrano Miranda
Durán - Ecuador